El preacuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que debe firmarse el 17 de enero, empieza a tener grietas incluso antes de firmarse. El ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, que ostenta la presidencia de turno del bloque sudamericano, ha echado por tierra las medidas de salvaguardia a favor de los agricultores europeos aprobadas por la Comisión Europea porque «no forman parte del histórico acuerdo de libre comercio firmado en Montevideo en diciembre del año pasado. Por lo tanto, estas cláusulas no deberían incluirse».

El pasado viernes, la UE dio luz verde a la firma del pacto, que se negocia desde hace 27 años y que creará la mayor zona de libre comercio del mundo. Las negociaciones dentro del bloque europeo incluyeron, para convencer a los países renuentes, cláusulas de salvaguardia a favor de los agricultores europeos, que permitirían a la UE reaccionar rápidamente a las perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas del Mercosur. Estos se aplicarían, en el caso de productos sensibles, cuando haya precios de al menos un 5% más bajos para los artículos importados en comparación con los precios europeos comparables o aumentos del 5% en los volúmenes de importación preferenciales durante un promedio de tres años.

Pero Ramírez ya ha advertido que de aplicarse estas cláusulas habrá que renegociar el documento que firmarán las partes, aunque «tenemos herramientas para resolver las diferencias». Asimismo, afirmó que Paraguay «tiene un trato especial y diferenciado» con la UE, ya que las medidas de salvaguardia «no serán aplicables a nuestro país», algo que desmienten las fuentes comunitarias consultadas por LA RAZÓN.

Esta amenaza representa un nuevo obstáculo para que el acuerdo sea finalmente firmado, ya que debe ser el Parlamento Europeo durante este año el que deba ratificarlo definitivamente, por lo que la aprobación de los países de la Unión Europea no es aún el último paso para cerrar el histórico pacto.

El acuerdo se considera «mixto» y se divide en dos partes, una comercial y un acuerdo de asociación, que siguen caminos paralelos: ambos deberán recibir la aprobación del Parlamento Europeo antes de su celebración formal y el acuerdo de asociación requiere también el consentimiento de todos los parlamentos nacionales de la UE. Por ello, la ratificación en el Parlamento Europeo se prevé compleja y aún está lejana, ya que varios países se han negado a apoyar el acuerdo. La gran división en la cámara comunitaria hará que cada voto de los eurodiputados pese tanto o más que las líneas ideológicas. Con prácticamente todos los eurodiputados franceses en contra independientemente de su familia política, a los que se suman polacos, austriacos, irlandeses y polacos, además de la extrema derecha de Patriotas por Europa -que incluso planea una moción de censura contra Von der Leyen por el acuerdo-, pero también los Verdes o la Izquierda por preocupaciones medioambientales y competencia desleal que hacen que el acuerdo siga pendiendo de un hilo.

Todos estos grupos apoyan las protestas y movilizaciones que los agricultores han extendido por la mayoría de los países. Especialmente en Francia, Bélgica, Grecia, Italia y España, reclamando igualdad de condiciones y competencia con los países del Mercosur por la sobrerregulación que sufren en el espacio comunitario y que no tienen en esos terceros países. Así, entre los puntos débiles del mercado agroalimentario comunitario respecto al del Mercosur destacan los menores costes que soportan los productores sudamericanos al estar sujetos a requisitos y estándares de producción inferiores a los de la UE. Esto provoca que los productores europeos partan de una posición más débil frente al consumidor, teniendo que poner en el mercado alimentos más caros que los de Uruguay, Paraguay, Argentina o Brasil, sujetos a esos menores costes y regulaciones a la hora de producir. De ahí que una de las peticiones fundamentales que se ha reclamado reiteradamente desde el ámbito europeo sea la imposición de «cláusulas espejo» y medidas de salvaguardia para producir en las mismas condiciones.

De esta manifiesta debilidad se deriva una de las principales amenazas, que es la presión sobre los precios internos de los alimentos. Si en las estanterías de los supermercados comunitarios hay una mayor oferta de productos procedentes del Mercosur a precios más competitivos, es normal que arrastren a los alimentos producidos y vendidos en la UE o incluso desaparezcan al no poder competir en precio. Los agricultores comunitarios sufrirían lo que se conoce como «efecto sándwich», quedando en medio de dos platos pesados: primero, por los elevados costes de producción y, segundo, por una competencia desleal que les obligaría a vender en origen a precios más bajos, incluso por debajo de los costes, perdiendo así su rentabilidad.

Esta amenaza podría, en parte, superarse si la UE convence al Mercosur para que active mecanismos de compensación económica para los productores comunitarios, pero el entorno actual es desfavorable ante la reducción prevista de los fondos para la Política Agrícola Común (PAC).

Los agricultores, aunque no confían en las intenciones comunitarias, ven la aplicación de las citadas “cláusulas espejo” y de salvaguardia como una solución intermedia, para intentar minimizar el impacto de estas amenazas y debilidades.

Pero, de momento, la UE sigue adelante con su plan y prevé firmar su acuerdo comercial con Mercosur el próximo 17 de enero, un paso decisivo que permitirá a ambas partes diversificar alianzas ante la deriva proteccionista de Estados Unidos. Los Veintisiete lograron una mayoría cualificada para validar el acuerdo, un entendimiento que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajar la próxima semana a Asunción para proceder a la firma oficial junto a los líderes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El acuerdo se alcanzó a pesar del voto contra Francia -principal opositor al pacto-, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría, y con la abstención de Bélgica y el sorpresivo apoyo de Italia, que cambió de opinión tras bloquear el pacto a finales del mes pasado junto con el resto de Estados miembros detractores. Para lograr esa mayoría cualificada fue necesario negociar las mencionadas salvaguardias adicionales para los agricultores europeos –ahora cuestionadas por Ramírez–, que no han impedido las protestas de estos días contra el pacto, pero sí el cambio de opinión de Roma para levantar su veto, aunque no han sido suficientes para que París se sume también.

El nuevo espacio comercial integraría a cerca de 800 millones de consumidores y representaría un PIB conjunto de aproximadamente 22 billones de dólares, y permitiría eliminar aranceles para el 91% de las exportaciones de la UE al Mercosur y para el 92% de las ventas sudamericanas a Europa, lo que se traduce en un ahorro anual estimado de 4.000 millones de euros para las empresas europeas. Para la UE, el tratado abre las puertas de un mercado históricamente protegido para sus sectores industriales más competitivos, entre los que destaca la automoción y la maquinaria industrial, donde desaparecerán progresivamente los aranceles actuales de entre el 35% y el 14%. Otros sectores que se verán especialmente beneficiados serán el químico y el farmacéutico, que exportan miles de millones de euros cada año, o los productos agroalimentarios protegidos por denominaciones de origen como vinos y quesos.

Sin embargo, los agricultores y ganaderos comunitarios no piensan lo mismo, y denuncian la competencia desleal provocada por la sobrerregulación que sufren en el espacio y que los estados que integran el Mercosur no tienen. Por ello, los agricultores europeos han mantenido desde el pasado jueves manifestaciones en varios países de la UE para protestar contra el acuerdo y han multiplicado los bloqueos de carreteras, con intención de continuar así hasta al menos este domingo. También en España, cuyos agricultores rechazan la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, principal impulsor del acuerdo y al que acusan de querer «poner el broche a un campo que desprecia y no escucha».