Miles de manifestantes marcharon en Roma el sábado para protestar contra una nueva ley de seguridad aprobada por el gobierno de la extrema derecha del primer ministro Giorgia meloni, denunciando sus reformas de la justicia penal como represiva.

Bajo una fuerte vigilancia policial y calor sofocante, los manifestantes marcharon por el centro de Roma a través de lugares emblemáticos como el Coliseo, la unión agitada y las banderas palestinas.

La ley aumenta las sentencias por ciertos actos, incluidas las protestas, y fortalece las protecciones para los agentes de policía acusados ​​de violencia.

«Consideramos que esta ley es el mayor ataque contra la libertad de disidencia» contra el gobierno «en la historia de la república italiana», dijo el abogado a la AFP Cesare AntetomasoMiembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Se espera que el decreto, aprobado por la Cámara Baja el jueves después de la aprobación del gabinete en abril, sea aprobado por el Senado, donde el derecho gobernante tiene una mayoría firme, dentro de los 10 días.

La policía acusada de violencia en el ejercicio de sus funciones tendrá derecho a recibir 10,000 euros ($ 11,350) en asistencia legal de acuerdo con las nuevas normas.

Los delitos como participar en «trastornos penitenciarios» implicarán sanciones más graves, incluidos casos de resistencia pasiva. Los ocupantes ilegales enfrentan procedimientos de desalojo más rápidos, y las mujeres embarazadas o madres de niños pequeños ya no tendrán la posibilidad de evitar la cárcel cuando sean condenados, incluso en centros de detención menos severos.

Las protestas sindicales tradicionales, como los bloqueos de la carretera durante las protestas (que anteriormente se consideraban una infracción administrativa), ahora podrían provocar sentencias de prisión de hasta dos años.

«Hay un aumento drástico en las sanciones para ocupar edificios para vivir en ellos», dijo Anteomaso. «La crisis de la vivienda no se puede resolver con oraciones de siete años en la cárcel para aquellos que no tienen un techo, sino con varias políticas sociales».

El gobierno insiste en que tiene el mandato de aprobar la ley.

«La orden, la seguridad y la legalidad están en el centro de las acciones del gobierno de Meloni», dijo el viernes Carolina Varchi, diputada de los hermanos extremos de Meloni. «Desafiar este decreto significa, en efecto, darle la espalda a la demanda de seguridad que proviene de los ciudadanos».