miles de proyectos ‘fantasma’ tienen acceso a la red pero no la usan
La especulación llega a los grandes consumidores de electricidad. Si hace seis años el interés por acaparar solicitudes de acceso a la red se concentraba en la generación, ahora son los grandes consumidores los que protagonizan el acopio de licencias con miles de proyectos ‘fantasma’ que obtienen el permiso para acceder a la red, pero no se ponen en marcha. Las grandes eléctricas piden hacer un cribado masivo de estos proyectos, así como obligar a los promotores a establecer avales y a que comuniquen una fe de vida anual sobre los proyectos.
El problema no es nuevo. El Gobierno alertó sobre él a finales del año pasado, al afirmar en el último real decreto ley del año de un “crecimiento extraordinariamente rápido” de las peticiones de acceso a la red eléctrica para conectar nuevos consumos que en muchos casos no se acompañaba de un proyecto en firme. Y ahora son las grandes eléctricas las que le ponen números a esa denuncia, al cifrar en al menos 15 gigavatios (GW) los proyectos con licencias durmientes, que son aquellos que han solicitado su acceso a la red, pero no la usan.
Y el asunto lejos de ir a menos parece que va a más porque a esos 15 gigavatios de licencias otorgadas que no están en funcionamiento hay que añadir nuevas peticiones de acceso a la red recibidas por el sector eléctrico, que ascendieron en 2023 a más de 30 GW. Esto es duplicar los poco más de 15 GW de 2022 y sextuplicar los 5,3 GW de un año antes. La mayoría corresponden a tres nuevos tipos de consumidores: los centros de procesamiento de datos (que concentran un tercio del total), el almacenamiento (7 GW) y la gran industria (alrededor de 5 GW).
Pero las compañías reconocen que la cifra está sobredimensionada, ya que muchas de esas solicitudes se corresponden al mismo proyecto, que se plantea en distintas ubicaciones, o a proyectos que no están suficientemente maduros y nunca llegan a producirse, según explican las mismas fuentes. De esta manera, las empresas estiman que apenas un cuarto (7,5 GW) de esas solicitudes podrían contar con un proyecto real detrás.
Medidas vigentes
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó a finales del año pasado dos medidas para pinchar esta burbuja. Por un lado, obligó a los promotores de proyectos que se conecten a las redes a entregar un dinero que si no cumplen sus planes no les será devuelto (aval). Y por otro estableció una caducidad automática de los permisos si en el plazo de 5 años desde su obtención no se presenta un contrato técnico de acceso por una potencia equivalente al 50% de la capacidad solicitada.
El departamento que entonces lideraba Teresa Ribera vinculó esas dos condiciones a una tensión igual o superior a 36 kilovoltios (kV), lo que ha llevado a los promotores a hacer uso de la picaresca y presentar solicitudes de potencia con una tensión inferior a ese umbral. Además, en el caso de los permisos ya otorgados, estableció un periodo transitorio para constituir las garantías necesarias y con plazos de caducidad que comenzarían a computar desde el 29 de diciembre del año pasado, que fue cuando entró en vigor la citada norma.
Propuesta de las compañías
Las empresas plantean generalizar la exigencia de esas garantías a todos los proyectos de demanda conectados a media y alta tensión (no solo los de más de 36 kV) y también la caducidad de los permisos, en este caso incluyendo incluso a los consumidores de baja tensión. Y al mismo tiempo abogan por buscar la manera de “limpiar” la bolsa de permisos de acceso concedidos hace años que bloquean un volumen importante de capacidad de acceso para que si hay otros interesados con proyectos firmes en el mismo punto de acceso lo puedan solicitar.
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Además, también sugieren establecer una suerte de fe de vida anual o bianual de los proyectos, para evitar que esa situación vuelva a darse en el futuro. Sería algo similar a lo que ya se hizo con la otra parte de la red, la generación, en 2020, cuando para evitar el acaparamiento de licencias durmientes estableció una serie de plazos en la tramitación (hitos) de los proyectos que si no se cumplían llevaban a la caducidad automática de los permisos y, aunque al final estos plazos se han variado en diversas ocasiones el sector reconoce que la medida ha funcionado.
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