Moncloa bien vale una misa
Luis Roda García es magistrado retirado
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Se atribuye al rey Enrique IV el haber dicho que «París bien vale una misa», y solo Dios sabe si realmente lo dijo el 23 de julio de 1593 al convertirse al catolicismo. Pero el dato objetivo es que, al abandonar el protestantismo, logró el apoyo de la mayoría católica del país, consolidó su poder y, cinco años más tarde, finalizó la octava guerra de religión que hubo en Francia durante el siglo XVI.
[–>[–>[–>Es lógico pensar que, o bien eran extremadamente frágiles las convicciones calvinistas de Enrique IV o bien demasiado oportunista su interesado abrazo del catolicismo. A eso, algunos le llaman «pragmatismo», mientras que otros lo consideran simple «ausencia de principios». Ciertamente, no se puede descartar que esas repentinas conversiones religiosas tengan lugar, pero cuando suceden con frecuencia y al empuje de los vientos dominantes, la palabra «hipocresía» resulta más adecuada para calificarlas.
[–> [–>[–>Capítulo primero: Ponga un Papa en su Parlamento.
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El final de la visita de León XIV ha dejado una sensación que conozco demasiado bien pero que no me gusta recordar: la de la tarde del día de Reyes. Abiertos ya todos los regalos, algunos nada tienen que ver con lo que esperábamos y, encima, uno de los juguetes no funciona y a ver quién viaja a Oriente para reclamar. De los escaparates desaparecen, a velocidad asombrosa, las decoraciones navideñas, y se llenan de productos en oferta y de carteles que anuncian las rebajas. La magia de la Navidad se va rápidamente por el sumidero, como las ilusiones de los vecinos de Villar del Rio y las banderitas de papel al final de la película «Bienvenido Mister Marshall».
[–>[–>[–>Aunque apenas seguí el despliegue informativo organizado por la visita, todavía no acabo de creer lo que sucedió en el Congreso de los Diputados. No parece que fuera necesario llevar allí al Papa, pero lo más sorprendente es que todos los que le aplaudieron sostuvieron con gran convicción –o sea, ninguna– que se habían visto reforzados en sus respectivas posiciones por las palabras del pontífice.
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Una de dos: o León XIV dijo algo distinto de lo que pudimos escuchar por la radio y TV, al haber sido modificado mediante inteligencia artificial, y resulta que el Papa se dedicó a alabar a los que habían votado la legalización de la eutanasia –asunto en el que tengo mis propias ideas acerca de lo que quiero que se haga con mi cuerpo cuando ya no funcione ni me merezca la pena estar vivo–, o los destinatarios del aplaudido discurso no entendieron ni una palabra de lo que dijo el pontífice. Pero hay una tercera posibilidad: que lo único que importaba era la imagen, exhibir públicamente un Congreso de los Diputados donde todos se saludaban y trataban versallescamente, sin la cotidiana polarización. Eso también se llama hipocresía. Y regreso a las películas de Berlanga: la de «Plácido» se titulaba inicialmente «Ponga un pobre a su mesa», pero la censura entendió que la sátira de la caridad organizada iba contra los principios del régimen franquista y, al final, la película se acabó titulando con el nombre del protagonista, interpretado por «Cassen», magnífico actor y humorista catalán.
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[–>Capítulo segundo: interpretación partidista del funcionamiento de la justicia.
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Cuando se habla del caso Zapatero, sospecho que muchos de los que lo hacen ponen por delante su opinión y prejuicios personales. Además, da la impresión de que desconocen la forma de trabajar de un Juez de Instrucción y los principios elementales de la lógica investigadora.
[–>[–>[–>De lo que se tramita en el Juzgado Central de Instrucción solo conozco lo que facilitan los medios de comunicación, y me gustaría consignar una serie de reflexiones para intentar poner un poco de orden entre tantas declaraciones de quienes hablan e, incluso, pontifican, en las tertulias de radio y TV:
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1) En la declaración de un investigado suelen tener tanto interés para descubrir la verdad los silencios, las contradicciones argumentales y, sobre todo, la «sucesión en cascada» de diferentes versiones acerca de un hecho.
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2) Cuando se expone, directamente o mediante un portavoz, la versión oficial del investigado sobre hechos, valores y circunstancias, cambiarlas en un breve período de tiempo y sin explicaciones lógicas no contribuye a sustentar su credibilidad.
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3) El derecho que todas las personas tenemos a la presunción de inocencia no implica que, paralelamente, se tenga derecho a ser creído por el Juez de Instrucción. Una sentencia absolutoria, cuando las pruebas practicadas no lograron destruir la presunción de inocencia, no equivale, sin más, a una declaración de inocencia.
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4) Cuando se invoca la prescripción del delito, indirectamente se está admitiendo que se cometió un hecho delictivo. No hay prescripción de «actos lícitos» en el Código Penal: solo prescriben los «ilícitos» tipificados en dicho Código.
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5) Las pruebas practicadas y obtenidas en otros países se tienen que ajustar a las normas vigentes en ellos, no a la españolas. Pretender declararlas nulas porque no se han realizado conforme a nuestras reglas es ilógico. Recuerdo el absurdo cometido en la época franquista cuando, en alguna sentencia, se llegó establecer que un divorciado norteamericano no podía casarse con una española, porque España no reconocía el divorcio. Al actuar así, se estaba negando la validez de la ley que regulaba en USA o en cualquier otro país el divorcio y sus consecuencias.
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6) Cuando alguien es contratado por sus presuntos conocimientos en determinadas materias para elaborar informes –escritos o verbales–, lo esencial es que dicha experiencia o formación exista y sea notoria o demostrable.
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7) En internet se puede consultar el curriculum vitae del ex presidente Rodriguez Zapatero. No encontré en él una especial formación en materia financiera ni mercantil, normativa empresarial y societaria ni derecho concursal.
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En consecuencia, ¿qué conclusiones puede extraer el Juez Instructor acerca de esto cuando se sostiene que la contratación generadora de sustanciosos ingresos deriva del gran conocimiento en diversas materias? Dejo a la inteligencia y a la lógica del lector dar respuesta a esta pregunta.
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Sentado lo anterior, conviene preguntarse porqué se ha organizado tanto alboroto a nivel nacional por un asunto que, en su momento, se acabará traduciendo en una sentencia condenatoria o absolutoria, como otros muchos. El hecho de que, por diversos motivos, se esté menospreciando o atacando el trabajo desarrollado por los funcionarios de un pilar fundamental del Estado de Derecho, en este caso y en otros tanto o mas notorios, me permite concluir que, quienes lo hacen, se comportan igual que los que aplaudieron entusiásticamente a León XIV en el Congreso, pese a que lo que decía el pontífice suponía una enmienda a la totalidad de determinadas leyes, que también habían votado con entusiasmo los que jaleaban al Papa.
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Capítulo tercero: El nada feliz resultado de la inmersión forzosa en los idiomas autonómicos.
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Recientemente se ha difundido por los medios de comunicación que a un importante grupo de estudiantes vizcaínos les pusieron un cero en la PAU, en un ejercicio relativo al conocimiento del euskera. Se trata de estudiantes que habían optado por el modelo que permitía estudiar en castellano y en el que hay que cursar, además, asignatura o asignaturas en euskera. Con esa calificación, se ha condicionado brutalmente el futuro universitario de esos jóvenes, porque el cero provocará un descenso global de la puntuación necesaria para optar a determinadas carreras.
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A quienes tienen la responsabilidad de que aparezca ese cero, y no me refiero solo a los correctores, sino a los que han diseñado ese sistema educativo y a los que, en el pasado y actualmente, lo toleraron o asumen como un mal menor para mantenerse en la Moncloa o aspirar a ella, seguro que este hecho no les quita el sueño, aunque debería perturbarles y mucho.
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De las nefastas consecuencias derivadas de la forzada inmersión educativa en lenguas habladas en determinadas comunidades autónomas en detrimento del castellano, tanta responsabilidad tienen la izquierda como la derecha y, por ese motivo, mal pueden ahora solucionar un problema creado artificialmente, porque no es descartable que llegar al palacio de la Moncloa dependa de los votos de quienes son partidarios de la inmersión. Y sucede que todo se podría solventar fácilmente si se respetara lo que establece el artículo 3 de la Constitución de 1978. Mientras dicho artículo, apartado 1, siga diciendo que «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», la única fórmula para lograr que los españoles ejerzan ese derecho y cumplan la obligación constitucional es que la enseñanza plena en castellano se garantice en todo el territorio nacional. Eso no daña, en absoluto, a la cooficialidad (artículo 3.2) ni a la protección de las distintas modalidades lingüísticas (artículo 3.3). En las autonomías bilingües se debería ofrecer a los estudiantes de cualquier nivel, sin condicionamientos ideológicos ni políticos, la posibilidad de educarse en la lengua vehicular que prefieran, y punto. Todo lo demás (inmersión forzosa, etc) suele perseguir unos objetivos que rebasan la protección pura y simple de una lengua minoritaria. La única formula ajustada a la Constitución consiste en garantizar, sin presiones, la elección del idioma en que se va a llevar a cabo la enseñanza.
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Mientras no eliminemos de nuestro sistema la rémora que supone la caprichosa imposición de una lengua en perjuicio de los hablantes de otra, seguirá conculcándose la Constitución y, por ende, la libertad de los padres y de los alumnos. Pero me temo que, si para continuar en la Moncloa o para llegar a ella, hace falta ceder de nuevo y provocar el descarrilamiento de cualquier intento de ajustar el sistema educativo español al texto constitucional, la imposición inmersiva volverá a triunfar, por lo que un proyecto de regeneración ética y democrática fracasará. Y los argumentos a utilizar para justificar no cambiar lo que hay, aparte de inasumibles jurídicamente, estarán impregnados de hipocresía. Una hipocresía muy pragmática, claro. Como la de Enrique IV de Francia.
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