Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está a un paso de sentarse en el banquillo por la comisión de cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción empresarial, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La imagen de la mujer de Pedro Sánchez ante un juez es políticamente demoledora para el Gobierno. El núcleo duro de Moncloa lo sabe. Por eso, según ha podido saber LA RAZÓN, en el palacio presidencial ya circulan datos sobre el impacto de la causa en el voto. Incluso se empiezan a hacer análisis reflexivos sobre los pros y los contras de un eventual juicio a Begoña Gómez que podría coincidir con la campaña electoral general que el presidente sigue convencido de convocar en 2027. La moneda está en el aire. Pero puede aterrizar de pie.

Lo cierto es que el PSOE tiene un problema porque los votantes centristas creen que el caso abierto contra Begoña Gómez «está justificado» y no responde a ningún complot de la extrema derecha, como viene alardeando el Gobierno desde hace dos años. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó al respecto hace apenas dos años. Aquel barómetro fotografió una fractura casi perfecta de la sociedad española por el «caso Begoña». La izquierda interpretó abrumadoramente que la investigación era una “forma de dañar” a Pedro Sánchez (más del 80% en el extremo ideológico). Y la derecha sostuvo todo lo contrario, con mayorías superiores al 50% que consideraron «justificada» la causa. El gran punto de quiebra se ubicó entonces en el centro ideológico: del 5 en la escala ideológica, el relato del Gobierno empezó a resquebrajarse. Y en el 6 ya se impuso la tesis de que hay motivos para investigar. Esa foto fue tomada tan pronto como se conoció el caso. Tras dos años de instrucción, Moncloa ha intentado desacreditar la actuación del juez Juan Carlos Peinado para ganar precisamente ese relato en un grupo de votantes que el PSOE ha ido perdiendo poco a poco. En verdad, hace dos años la CEI representó una batalla de marcos políticos en la que cada bloque interpretó los mismos acontecimientos en claves completamente opuestas.

Apenas existe permeabilidad entre ambos bloques. Así que la batalla del equipo de persuasión de Moncloa no se libra en la conversión del adversario, sino en la movilización del propio. El terreno en disputa es el centro. Y la clave subyacente no es ideológica, sino narrativa. Esa pregunta del CIS -cabe señalar que no ha vuelto a preguntar por Begoña Gómez- no sólo permite saber qué piensa la gente, sino también cómo interpreta lo que está pasando. Se trata, en realidad, de un test de marcos para saber si el ciudadano compra la tesis del «lawfare», es decir, de una persecución política amparada por la judicialización, o si, por el contrario, asume que se trata de un caso legítimo que debe ser investigado.

Dos historias cerradas, dos maneras de leer la realidad que apenas se tocan. Y, en el medio, un electorado que no discute tanto los hechos como el significado que se les atribuye. Aquí es donde Pedro Sánchez y su mujer se lo juegan todo. El Gobierno está convencido de que no hay coincidencias cuando se trata de una batalla despiadada por el poder en la que están incluidos todos los actores: medios de comunicación, políticos y, por supuesto, judiciales. Por eso, desde hace tiempo Moncloa atribuye al juez Peinado todas las intenciones políticas del mundo. El Ejecutivo considera que el hombre, con cada paso que ha dado, ha intentado provocar una reacción que pondría en aprietos a Sánchez. Un eventual juicio a Begoña Gómez es una ventana que previsiblemente se abrirá en el ciclo electoral de las elecciones generales de 2027: desde el auto de apertura del juicio oral suelen transcurrir unos seis meses hasta el inicio de la audiencia, lo que, de no archivarse la causa, podría llevar a que ésta se celebre antes o en vísperas de las elecciones generales previstas para julio. Sin embargo, este escenario depende, en primer lugar, de la decisión de la Sección 23 sobre los recursos para archivar la causa y, posteriormente, de que el juez Juan Carlos Peinado dicte el auto de apertura, paso por el que ya ha comenzado a avanzar tras concluir la investigación y rechazar el sobreseimiento solicitado por las defensas.

Mientras tanto, el Ejecutivo seguirá presionando para intentar que la Justicia ponga fin al dolor de muelas que tiene sumidos en la zozobra permanente a Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Los propios socialistas advierten de que este juicio a la mujer de Sánchez, si se celebra -y con jurado- será el epitafio de esta etapa del PSOE al frente del país, adonde llegó precisamente tras una moción de censura contra la corrupción del PP. Esta semana, Moncloa lanzó un ataque dialéctico sin precedentes contra Peinado y, por extensión, contra parte del poder judicial. Al frente de la orquesta está el jefe de gabinete del presidente, el brillante académico extremeño Diego Rubio. Y los ministros más políticos del Gobierno -Félix Bolaños y Óscar Puente- pusieron la música. El titular de Justicia y el titular de Transportes, ambos juristas, se basaron en su derecho a la libertad de expresión, cuya condición de ministros no está limitada por la Constitución, para dirigir desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa un furioso ataque a la instrucción y credibilidad del juez Peinado. De nada sirvió que las principales asociaciones de jueces del país consideraran «inadmisible» la reacción del Gobierno ante la acusación de Begoña Gómez. Moncloa decidió elevar la pelea a la categoría de lucha política brutal. La tensión entre poderes del Estado está en su punto más alto. Y eso, suponen en Moncloa, repercute en la credibilidad institucional ante los ojos de los ciudadanos.

Fuentes gubernamentales admiten que el marco de polarización política en el que está instalado el país no deja lugar a otra estrategia por parte del Gobierno que la de «ruido» y «señalización». El presidente está decidido a seguir al frente del Ejecutivo y del PSOE «hasta acabar la década». Y hay que «resistir» lo que sea necesario. Una fuente que le conoce bien asegura que Sánchez «se mueve bien» a la hora de revolver el avispero. El «caso Begoña» es, en verdad, el más sonado de los que rodean al jefe del Ejecutivo y del Gobierno y el que más daño puede hacer a sus expectativas de crecimiento de votos.

El problema del centro

Los gurús del presidente empiezan a recomendarle que preste atención al centro político. Por ello, entre otras cosas, el líder socialista decidió colmarle con el ascenso al rango de vicepresidente primero del titular de Economía, Carlos Cuerpo; un tecnócrata que conversa, es moderado y partidario del entendimiento con el PP en cuestiones de Estado al que no le importa admitirlo. Es decir, partidario de todo lo que le gusta al citado centro ideológico, que en España se puede decir que murió con el cierre de la sede de Ciudadanos. Esa misma masa es la que no compra el relato del Gobierno sobre el «caso Begoña». Por ello, el equipo de Moncloa intenta crear un centro alternativo que se alinee con los intereses del PSOE. «Y así es como debe interpretarse el nombramiento del Cuerpo», afirma una fuente gubernamental.

El «caso Begoña» provocó una auténtica tormenta política en España que llevó hace dos años al presidente del Gobierno a retirarse durante cinco días de la vida pública para «reflexionar» sobre su continuidad al frente del Gobierno en una carta inédita en la que anunciaba que sería objeto de una persecución sin precedentes en la historia. Se trató de una medida sin precedentes que puso al país en vilo y ayudó a Sánchez a preparar su estrategia de resistencia a toda costa. Lo presentó a sus diputados y senadores apenas iniciado el curso político. Esa crisis marcó un punto de inflexión que transformó al presidente.