La medida ha aparecido en buena parte de los planes elaborados por el Ministerio en los últimos años. El último ejemplo ha sido el Plan de Ajuste Fiscal Estructural del Reino de España, acordado con Bruselas en 2024, que entre las medidas para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema tributario proponía la adopción de «medidas fiscales basadas en las recomendaciones del Comité de Expertos y del grupo de trabajo sobre el impacto de los beneficios fiscales, que se espera que incrementen la ratio renta/PIB en 0,3 puntos entre 2025 y 2031», el equivalente a unos 5.000 millones de euros.

Hacienda dijo a Bruselas que para conseguirlo aprovecharía el trabajo y las recomendaciones realizadas tanto por el Comité de Expertos que elaboró ​​el libro blanco de la reforma fiscal como por el grupo de trabajo sobre beneficios fiscales, creado en 2022, que evaluó una decena de beneficios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. También contó con las conclusiones de la evaluación de beneficios fiscales de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que examinó hasta trece incentivos con un coste agregado de 35.000 millones de euros.

Por si todo este caudal de conocimiento fuera poco, como confirma ABC, en el último año el Ministerio ha solicitado varios informes para abordar la cuestión desde una perspectiva más asociada a la progresividad y redistribución fiscal, revisando el uso de estas ayudas por tramos de renta y midiendo el impacto potencial que un recorte indiscriminado podría tener en las rentas bajas con el objetivo, según las fuentes consultadas, de modular la retirada de estos incentivos y valorar la posibilidad de una retirada parcial sólo para las rentas más altas.

Todos estos trabajos han acabado en el cajón. Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten que los asesores científicos que trabajan para el departamento continúan analizando los posibles impactos de los incentivos fiscales existentes, pero que a día de hoy en la hoja de ruta del Ministerio «no hay ningún plan para reducir incentivos fiscales sistemáticos. Días o como máximo semanas después de abandonar el Gobierno para presentarse como candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero ya no podrá poner su sello a esta subida de impuestos largamente postergada cuya aplicación parece cada vez más improbable.

El comunicado del Tesoro sacude el escenario fiscal con el que, por ejemplo, la institución encargada de velar por el cumplimiento de las reglas fiscales europeas y la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas a medio y largo plazo, la Airef, cuya presidenta saliente recordó en un reciente encuentro con ABC que consideraba como tarea pendiente del Gobierno la aplicación práctica de la evaluación de los beneficios fiscales y la obtención de esos 5.000 millones de euros comprometidos con el plan de ajuste fiscal estructural.

Fuentes gubernamentales aseguran que la estrategia del Tesoro en este punto concreto es otra: conseguir que la Comisión Europea apruebe a estos efectos los ingresos adicionales obtenidos del último paquete fiscal, aprobado de forma muy accidentada a principios de 2025. No será una tarea sencilla. La Agencia Tributaria atribuye a este paquete de medidas fiscales, que incluía el nuevo impuesto transitorio a la banca o el nuevo impuesto al líquido de los cigarrillos electrónicos, una aportación extra de 5.443 millones de euros hasta noviembre, aunque a efectos del plan fiscal la recaudación adicional es inferior a 1.800 millones, dado que la mayoría de esos recursos extra proceden de la restitución del potencial recaudatorio del Impuesto sobre Sociedades, mutilado en 2024 por una sentencia del Constitucional, y al no haber podido llevar a cabo La equiparación fiscal del diésel a la gasolina.

El ejemplo de la reducción por rentas de alquiler

El Ministerio de Finanzas había acumulado evidencia suficiente para convertir el recorte de los beneficios fiscales en otra vuelta de tuerca a la tributación de los ingresos más altos. Los informes elaborados por colaboradores externos y por investigadores cercanos al Ministerio y a la Agencia Tributaria habían determinado, por ejemplo, la distancia astronómica que existe entre el beneficio que obtienen las rentas más altas de incentivos fiscales como la reducción del IRPF por las rentabilidades asociadas al alquiler de vivienda y el resto de contribuyentes. En este caso concreto, un informe elaborado por funcionarios de la Agencia Tributaria concluye que mientras el ahorro fiscal estándar por este incentivo oscila entre los 500 y los 1.000 euros, en el caso del 1% de contribuyentes con mayor nivel de renta el beneficio fiscal se dispara hasta unos 2.500 euros. Y esto en el año 2022.

Algo similar se detectó para otros beneficios fiscales como la reducción por declaración conjunta y la deducción fiscal por donaciones. El trabajo ponía como ejemplo lo ocurrido con el recorte de la desgravación fiscal por aportaciones a planes de pensiones, en el que antes del recorte dado en la reforma de las pensiones se percibía una concentración del beneficio fiscal en las rentas más altas que se ha visto sustancialmente atenuada tras la reforma que recortó las aportaciones con derecho a beneficio fiscal de 8.500 euros a 1.500.