La ministra de finanzas, María Jesús Montero, ha recibido un giro de 180 grados en la gestión de la deuda con los antiguos mutualistas y ha decidido cambiar los criterios al regreso a las cuotas hasta 2028 de los montos adeudados por los viejos mutuos, y ha confirmado que «aquellos que solicitan completamente recibirán la cantidad vencida» en este 2025 años.

Montero ha explicado en la conferencia de prensa del progreso de la ejecución del presupuesto que, «después de escuchar el colectivo y los sindicatos, aumentaremos un cambio regulatorio para maximizar estos rendimientos y que se reciben en un solo pago durante 2025. La agencia fiscal está en condiciones de poder cumplir con estas solicitudes en ese solo pago», confirmó el Vicepresidente.

Como se indicó, la cantidad total que se devolverá «ya está contemplada en el déficit público del 2.8 % del PIB del ejercicio 2024», por lo que no afectará un aumento adicional en posible.

Montero recordó que esta es una oración que se deriva de una situación que se vivió al comienzo de la democracia, en la etapa posterior a la francoista, donde la cobertura del sistema mutuo llegó a un conjunto de ciudadanos. Este problema había sido litigante por los afectados durante muchos años y fue en 2024 cuando esa sentencia de la Corte Suprema que les dio el derecho a estos rendimientos ha disminuido.

Del mismo modo, Montero se ha cargado contra el PP porque, como él ha dicho, «el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que asumir una vez más la mala praxis legislativa de los gobiernos anteriores de Mariano Rajoy», y que el Ministro ha asegurado que ya ha costado más de 11,000 millones de euros «por acciones onduladas», de los cuales 8,000 millones no se han reflejado en el futuro en el futuro. El Ministro se refiere a las sanciones que deben asumirse para la reducción de las primas de las energías renovables establecidas por el gobierno de Rajoy en 2013, para las cuales las compañías de inversión en este sector han exigido compensación.

Esta misma semana, la Comisión Europea ordenó este lunes que España no paga «ninguna compensación» a Antin, el Fondo Luxemburgo, por los cambios en las primas de las energías renovables. Bruselas considera que este pago implica una ayuda estatal ilegal que discrimina a los inversores españoles que no pueden recurrir a alabanzas de arbitraje internacional en este tipo de situaciones.