Han pasado seis semanas desde el Consejo de Ministros en el que el portavoz, Pilar Alegría, y la segunda vicepresidenta, Yolanda Díaz, organizó en público la ira entre ambos miembros del gobierno por el cual ha sido un problema nuclear para el ejecutivo desde que Pedro Sánché llegó a La Moncloa.

El 11 de febrero, cuando todos los focos estaban en la aprobación del aumento del salario interprofesional mínimo (SMI), los titulares no tomaron trabajo, el Tesoro ganó: por primera vez, este salario base comenzaría a rendir tributo.

Después de un mes y medio de la franja y se afloja, durante el cual agregar, el partido del vicepresidente Yolanda Díaz, amenazó con hacer una mayoría con el PP para propinar una dura derrota parlamentaria, ha habido Fumata Blanca entre los socios de la coalición. No ha sido lo que el Ministerio de Trabajo aspiró por completo, y el Ministerio de Finanzas, que esta semana ha cuadrado las cuentas del ejercicio 2024, tendrá que dejar de entrar en una cantidad importante. Pero ambos miembros del gobierno han firmado la paz.

El primer gesto del gobierno no fue presentar un veto al proceso parlamentario de la propuesta de ley presentada para agregar, que la mesa del Congreso de Diputados tuvo que ser estudiada el viernes por la tarde. Adsar ya había anunciado que plantearía cualquier prohibición al unirse a sus votos al PP.

El segundo gesto fue la retirada, por el Partido del Vicepresidente, de la propuesta de esa norma. Ambos socios presentarán la iniciativa parlamentaria conjuntamente en los próximos días, ya sea por propuesta de ley o mediante enmienda.

Ahora, el Ministerio de Finanzas tiene que hacer el trabajo técnico para esta nueva deducción en la cuota de IRPF específicamente para aquellos perceptores SMI que tendrían que comenzar a pagar este año, el 20% (aproximadamente 500,000 ciudadanos) de trabajadores solteros y sin cargos familiares, que no podrían aceptar otros beneficios fiscales que sí existen para las parejas o para los contribuyentes con niños.

Esta deducción se aplicará al estado de resultados 2025 y tendrá un costo fiscal de alrededor de 200 millones de euros que el Tesoro dejará de recaudar. El monto es notablemente menor que hasta 2,000 millones de euros de impacto que tendría el exento mínimo en el IRPF para igualarlo con los 16,576 euros del SMI, ya que eso afecta a todas las secciones de alquiler y no solo a los trabajadores con la menor remuneración posible.

El acuerdo se produjo cuando todos los puentes parecían rotos y solo unos minutos después de que Díaz, en declaraciones de Telecinco, dijo que Montero había surgido de la mesa de negociaciones.

Desde la hacienda evitan ingresar al conflicto y señalan que siempre mantuvieron que las negociaciones entre ambos vicepresidentes (y formaciones) siguieron su curso. Fuentes de trabajo confirman que la intervención del presidente Pedro Sánchez no ha sido necesaria para mediar entre el Tesoro y el Trabajo.

«Lo hemos logrado por el bien de nuestro país, por el bien de los trabajadores. Creo que se ha hecho justicia. Y hoy los trabajadores que reciben el salario mínimo no pagarán el Tesoro ”, dijo Díaz en declaraciones de Lasxta después de firmar el acuerdo.

Sin embargo, la pequeña impresión de este Acuerdo implica que solo 2025 es limitada, por lo que la cantidad que se negocia al aumento del próximo año será clave porque implicará un lugar de impuestos en el IRPF.

«La vocación del gobierno es que en el año 2026 el SMI continúa aumentando, que no hay un trabajador que esté por debajo del 60% del salario neto, ya que firmamos en el acuerdo de investidura y como el grupo de expertos también ha reflejado en los respectivos documentos y, por lo tanto, llegaremos al año 2026 para ver qué se encuentra en la ubicación», dijo el Vicepresidente Montero en la atención de los medios de comunicación.

La prueba de incendio real llegará en unas pocas semanas cuando el Congreso tenga que aprobar esta deducción y el gobierno tiene que contar con los votos de todos los socios parlamentarios habituales.