ellos continúan el servicio andaluz de salud (SAS) para un caso sospechoso de responsabilidad de propiedad después del muerte de un paciente 76 años, tal y como nos cuenta ‘La Voz del Sur’. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla aceptó la solicitud de tratamiento. Señala el retraso en el diagnóstico como un aspecto determinante en la progresión de la enfermedad.

El citado medio precisa que el despacho de abogados Sires Abogados, que representa al hijo del fallecido, publicó un comunicado de prensa en el que explica que No se han realizado pruebas de diagnóstico esenciales durante más de seis años.. Más concretamente, colonoscopias de seguimiento protocolizadas, todo ello a pesar de la historia clínica del paciente y de la persistencia de los síntomas abdominales.

Fue a centros SAS al menos 42 veces

En el juicio se desprende que desde 2010 el hombre tenía antecedentes digestivos, como pólipos en el colon que Se requieren controles periódicos. según protocolo clínico. Sin embargo, la revisión prevista para 2018 no se llevó a cabo. Un dato muy relevante es que entre ese año y 2024 visitó los centros del SAS al menos 42 veces por dolor abdominal persistente y otras molestias digestivas sin que se le hubieran realizado pruebas adicionales para descartar patología oncológica.

Fue en mayo de 2024 que acudió nuevamente a urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Macarena donde le realizaron una colonoscopia urgente, prueba que confirmó una adenocarcinoma de colon en estadio IVcon metástasis hepáticas, pulmonares y peritoneales. El diagnóstico reveló cáncer colorrectal avanzado en fase metastásica, por lo que se descartó cualquier tratamiento curativo.

Posteriormente, el paciente fue remitido a oncología con indicación de quimioterapia paliativa, tras lo cual ingresó a cuidados paliativos. En agosto de 2024 murió.

la solicitud

La demanda sostiene que el retraso significó una “pérdida real de oportunidades terapéuticas” y un empeoramiento progresivo de la enfermedad. Se basa en el artículo 106.2 de la Constitución Española y en la Ley 40/2015, que regula la responsabilidad financiera de las administraciones públicas cuando el funcionamiento normal o anormal de los servicios cause un daño real.

El procedimiento se encuentra ahora en etapa procesal, a la espera de prueba pericial, documental y testimonial.

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