Un abogado tendrá que pagar una multa de 420 euros por introducir hasta 48 citas de jurisprudencia falsa, generadas por Inteligencia Artificial. Así lo ha dictaminado la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que le considera autor de una acción contraria al deber de veracidad y a las reglas de la buena fe con abuso del servicio público de Justicia.

El Tribunal utiliza un criterio «ejemplar» a la hora de cuantificar la multa: 420 euros, la mitad del coste aproximado de una suscripción anual a una herramienta de Inteligencia Artificial específicamente legal disponible en el mercado, «que, de haberse utilizado», subraya, «probablemente habría evitado el lamentable resultado que ahora se persigue».

El Juzgado también acuerda trasladar su decisión y los antecedentes al Colegio de Abogados del afectado, para que «en su caso, aclare las responsabilidades disciplinarias en las que haya incurrido».

Según el auto que prevé la sanción, el letrado, al preparar un recurso ante la Sala de lo Penal del TSJC contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, utilizó una herramienta de Inteligencia Artificial «generalista» -es decir, no una solución específicamente diseñada en el ámbito jurídico- para introducir en la fundación hasta 48 citaciones de sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial que supuestamente sustentaban su posición en la demanda y que, en realidad, no existen, según constata el documentalista del TSJC.

La Sala advierte que el abogado no se sometió a «ninguna revisión o verificación» de que las citas correspondieran a resoluciones o informes reales: «No verificó que los números, fechas e identificadores de sentencia existieran realmente», destaca, y «no verificó los datos de salida de la herramienta de inteligencia artificial con las bases de datos de jurisprudencia -en particular, la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), de acceso universal y gratuito- para confirmar siquiera una de esas referencias, que lo habrían puesto sobre aviso».

A juicio del Tribunal, esta omisión «constituye un incumplimiento del deber básico de supervisión humana que, como se ha señalado, es ineludible cuando se utilizan herramientas de IA en el ejercicio profesional y vulnera el estándar de diligencia que (…) el Código Ético exige al profesional del Derecho».

Admitió los hechos

La Sala impone como multa la mitad del importe aproximado de la herramienta teniendo en cuenta que el abogado, en su respuesta a la Sala cuando detectó el presunto fraude, admitió los hechos y reconoció expresamente su responsabilidad, expresando un pesar «aparentemente sincero».

La Sala subraya que no «ignora ni desdeña» el potencial que las herramientas de inteligencia artificial ofrecen a las profesiones jurídicas, pero recuerda que el principio de supervisión humana es «la columna vertebral de toda actuación profesional que implique el uso de estos sistemas en el ámbito del Derecho, y el profesional debe entender la herramienta como asistencial y nunca como toma de decisiones, evitando una dependencia ciega del sistema».