La política española hace ya un tiempo que ha entrado en una deriva peligrosa en la que el precio de la supervivencia parlamentaria del Gobierno se paga con cesiones cada vez más profundas al nacionalismo catalán. El último pacto presupuestario suscrito entre Oriol Junqueras y Salvador Illa, bendecido sin matices por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras la debacle andaluza, vuelve a confirmar una estrategia que rompe el principio de igualdad entre españoles y consagra una España de privilegios territoriales. ERC ha comprendido hace tiempo que ya no necesita proclamar la independencia desde los balcones ni alimentar movilizaciones masivas para avanzar en sus objetivos. El independentismo más eficaz ya no es el de las banderas y los discursos inflamados, sino el que conquista parcelas de soberanía desde las instituciones. Competencias, financiación singular, ventajas fiscales, condonaciones de deuda y blindajes políticos forman parte de una negociación permanente cuyo resultado es una Cataluña cada vez más diferenciada del resto de España.