… ni deuda que no se pague
En 2009, el Gobierno de Zapatero (PSOE) pactaba con Montilla (PSC-PSOE) el nuevo sistema de financiación, que impondrían a las demás comunidades autónomas de régimen común. El señor Junqueras alababa el acuerdo, había participado en él y decía que vendría a solucionar definitivamente los problemas de financiación de Cataluña. Anótese que se preveía su renovación a los cinco años (2014), pero que la misma aún no se ha producido, ni con gobiernos de un signo ni de otro.
En parte como consecuencia de esa incapacidad y desidia para reformarlo, en parte por algunas circunstancias especiales, como la pandemia y, además, porque algunas comunidades se han endeudado de forma imprudente y caprichosa, sabiendo que, al final, alguien acudiría en su socorro, el conjunto de las comunidades autónomas se han endeudado en cuantía voluminosa, ya en el mercado, ya mediante el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) con el Estado.
Una de las comunidades con más deuda es Cataluña: 88.000 millones de euros, de los que 77.000 los adeuda al Estado. El discurso de Cataluña para justificar ese endeudamiento ha sido el «España nos roba», esto es, que Cataluña aporta mucho al Estado y que este devuelve de forma insuficiente, de manera que se produce un déficit en las cuentas. Fue ese el pretexto para el endeudamiento y la exigencia de ayudas al Gobierno central. Conviene, en cualquier caso, aparte de recordar que el actual sistema de financiación autonómica fue pactado, como hemos dicho, con Cataluña (y aponderado por sus políticos), subrayar que, según aseveran unánimemente los expertos, Cataluña no está mal financiada, se halla en la media de las comunidades. Las que están peor son Murcia y Valencia.
En 2023, el señor Pérez–Castejón convocaba elecciones y las perdía, frente al PP. No obstante, consiguió urdir una mayoría para moncloar pactando entre otros con ERC y Junts, que le exigieron una serie de condiciones, unas personales, como la amnistía y el vasallaje con mediadores internacionales y zapatereros fuera de España, otras para su comunidad. En el momento en que se conocieron aquellas condiciones algunos comentaristas más o menos adictos al PSOE manifestaron sus dudas sobre su cumplimiento, por parecerles injustas, causantes de desigualdad, ilegales o inconstitucionales (señalando esa inconstitucionalidad también se había pronunciado «in illo tempore» el señor Pérez-Castejón, pero después cambió de virtud, digo, de necesidad). Sin embargo, como pronostiqué entonces, se van a cumplir todas. Se ha cumplido la amnistía. Se va a condonar ahora parte importante de la deuda catalana, se van a pagar más plazas de mossos (3.000) e invertir cantidades importantes para mejorar los trenes de cercanías de aquella comunidad, según se acordó todo ello.
En el ínterin, el Gobierno central se ha plegado a Junts en el criterio de reparto del impuesto a la banca, beneficiando a Cataluña. Ya sé que no pueden creerlo, pero es así.
¿Cómo se cierra ahora el compromiso de la quita de deuda para Cataluña? Formalmente e inicialmente, mediante el anuncio de Oriol Junqueras de que el Estado se quedará con el 22% de la deuda catalana al FLA. Posteriormente, mediante el anuncio de la señora Montero (aquella bacante que gritaba «Pedrohé, Pedrohé» rogando a don Pedro que volviere a la luz de aquel retiro de cinco días en su tabernáculo) de que la quita se extenderá a todas las comunidades autónomas. (Por cierto, lo que se demanda por la mayoría es la revisión del sistema de financiación, tan obsoleto, pero eso no se puede porque falta por cerrar el sistema de financiación peculiar de Cataluña, su «cupo»).
¿Y cuál es la sustancia de la quita? El Gobierno condonará 83.252 millones de deuda en total, el 22% de la cual, a Cataluña. Fijémonos en Asturies. ¿Qué dicen nuestros gobernantes asturianos? Pues que se conforman con lo que les toca, 1.508 millones, pero que hubiese sido más justo un reparto por población ajustada, con lo que nos corresponderían unos 500 millones más. Al mismo tiempo, se duelen de que los que menos han despilfarrado sean los menos compensados, y al revés. Y señalan que debería haber en el futuro mecanismos para evitar el dispendio, a fin de que nadie piense que siempre vendrá el Estado a salvarlos. No los habrá.
Si añadimos a ello que en el reparto del impuesto a la banca Asturies ha salido también perjudicada, en la medida en que han imperado, como hemos dicho arriba, los criterios de Junts y no unos criterios objetivos, cabe realizar alguna consideración política. Se lo dejo a ustedes.
En todo caso, todo ese dinero «perdonado» no desaparece, se traslada a todos nosotros a través de la deuda. De modo que quienes hemos sido menos despilfarradores o abusonos tenemos que pagar el plus de los despilfarradores o abusonos. Y lo mismo ocurre a quienes, como los asturianos, hemos sido maltratados en el reparto. Ya ven, siempre hay guapos y feos, y algunos feos se conforman con ello.
Concluyo: el «cupo» catalán, acordado con Junts y ERC, se acabará cumpliendo, como han llegado a cumplimiento los restantes pactos. De ese modo, Cataluña aportará menos o nada a la caja común, al igual que vascos y navarros. Nosotros seguiremos pagando, por ejemplo, sus pensiones, y ellos apenas contribuirán, si lo hacen, para la sanidad o las pensiones del conjunto de los españoles (o de los ciudadanos del Estado, si lo prefieren).
«No hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague», dice el refrán que he aprovechado para el título. Me ha parecido más educado que este otro que me sugería mi trasgu particular, Abrilgüeyu: «El que tien agarráu a otru pel gañote…».
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