Los presupuestos estatales generales son el principal instrumento de la política económica, pero solo existe cuando se ejecuta. Ese es el Prueba de algodón de cualquier gobiernoConvierta un préstamo en obligaciones y pagos reconocidos. A partir de junio de 2025, los datos de la intervención general de la administración estatal muestran, de manera preocupante, que los ministerios llamados para transformar la economía son el peor de gestión de su presupuesto, mientras que la arquitectura de las modificaciones de crédito crece para convertir el presupuesto en un documento maleable para los caprichos de Sánchez y absolutamente Opaca. El resultado es un Brecha que no contribuye a mejorar la productividadconfiar o impulsar la inversión.

Donde importa, no corras, Los ministerios con la mayor capacidad del tractor tienen datos de ejecución de Pyrric. Industria y turismo (4,5%), vivienda y agenda urbana (5,3%) y transformación digital y función pública (7,1%). No debería sorprendernos cuando el estado expande su intervencionismo y solo se dedica a la propaganda, pero no invierte en capacidad de gestión, El cuello de botella aparece donde hace más daño: En inversión pública que debería promover la productividad, la vivienda y la digitalización.

Estas cifras no son un mero procedimiento contable. Marcar el Decadencia de la política económica. Si no hay progreso en la ejecución a mediados de año, el segundo semestre se convierte en una carrera de contrareloj que generalmente conduce a llamadas tardías, cambios básicos, resoluciones concentradas en diciembre y pagos que se arrastran al año siguiente. Traducido para el lector: Los proyectos que tuvieron que rastrear la inversión privada permanecen en el cajón o perder su ventana temporal óptima.

El caso de la industria condensa el problema. Es un patrón recurrente: 5.6% (2019), 6.2% (2020), 3.2% (2021), 11.4% (2022), 16.3% (2023), 8.2% (2024) y 4.5% en 2025. El período promedio es de alrededor del 7.9%. No estamos hablando de un bulto puntual, sino de un hábito de gestión.

Comparando el presupuesto versus ejecutado (en miles de euros) se observa la dimensión del problema. El presupuesto de 2025 dispara hasta 14,871,599,000 euros, en parte para restos de años anteriores, pero A partir de junio, se han ejecutado 670 millones. Es imposible para la credibilidad mínima, desde proyectos industriales hasta programas de modernización de las PYME. Cuando el sector privado observa que el estado no convierte créditos en pagos, retrasa los descuentos y aumenta su prima de riesgo administrativo.

Y es el equilibrio histórico.

Los fondos sin ejecutar en el Ministerio de Industria entre 2019 y 2024 alcanzan 18,295 millones de euros. Para la economía real, es un capital inmovilizado que debería haberse convertido en maquinaria, procesos, empleo calificado e innovación. Es la diferencia entre una llamada cierra y paga a tiempo o que la empresa renuncia, o es tarde y más costosa.

La comparación de las modificaciones presupuestarias con junio, ahorrando la anomalía 2020 explicada por la pandemia, muestra cómo las extensiones presupuestarias han creado una nueva patología: con presupuestos extendidos, el gobierno depende de incorporaciones, transferencias y suplementos para reconstruir el marco de gasto en el opaco de marcha y sin control.

¿Son ilegales? No. ¿Qué denota en estos volúmenes? Planificación errática y creciente discreción. Un presupuesto es un contrato con reglas que asigna recursos con un propósito y bajo un procedimiento. Cuando el volumen y el peso político de las modificaciones crecen, el contrato se vuelve opaco y volátil. El parlamento controla menos; El personal de la administración pública, responsable en el ejercicio de sus funciones, ralentiza los procesos para cumplir con los preceptos legales y las empresas, frente a la incertidumbre que posponen las decisiones de inversión.

No es solo un problema contable, es institucional. El presupuesto deja de ser un ancla para convertirse en plastilina. Y sin anclaje no hay expectativas estables, una base indispensable para la inversión.

En breve, Sánchez promete mucho y maneja poco. Programas con bases complejas, demandas administrativas redundantes y filtros que recompensan la retórica de la madurez técnica. Las unidades de gestión abusan de los «diseñadores de políticas», mientras que los gerentes del proyecto son escasos. El estado invade más y más espacios, con ministerios y programas sin una poda de competencias o aclaraciones de responsabilidades. En este país todos hacen anuncios, pero pocos ejecutan.

Esto se traduce en tres costos estructurales de resolución difícil con este gobierno:

• Productividad. Sin ejecución, los proyectos con la mayor TIR social (digitalización de PYME, descarbonización industrial, vivienda y rehabilitación) no alcanzan la masa crítica. El Incrustado Y la inversión privada que debería acompañar no llega.

• Tiempo y dinero. La ejecución tardía realiza proyectos para la inflación de costos y para la pérdida de economías de aprendizaje. Un año perdido en una cadena de valor tecnológico es igual a varios en competitividad.

• Reputación estatal. Un estado que no cumple calendarios degrada su credibilidad como contraparte. La próxima licitación atraerá menos competencia o solicitará mayores márgenes. Los contribuyentes pagan el costo.

España No necesita más gasto público, sino un mejor gobierno: reglas, transparencia e incentivos. Propongo diez medidas operativas:

1. Vinculación de objetivos tristrales por sección y programa: con % de crédito, obligaciones y pagos de % comprometido, con publicación mensual y responsabilidad nominal.

2. Calendario de llamadas en el primer Tremte del año, con reprogramación automática bajo cláusulas de extensión y continuidad para no bloquear proyectos maduros.

3. Documentación pública y estandarizada de cada modificación presupuestaria (origen, destino, justificación, período de impacto). Trimestralmente al parlamento.

4. Oficinas de proyectos con perfiles de contratación, subsidios y monitoreo, y autoridad para desbloquear cuellos de botella.

5. Proyecto de ventanas para la ayuda horizontal y los criterios de madurez que priorizan los proyectos «listos para comenzar» contra los recuerdos retóricos.

6. Cláusula de ejecución temprana: prioridad a los proyectos con impacto en la primera mitad del año; En el segundo, la reasignación automática de los programas crónicamente subexorados a aquellos que se ejecutan.

7. Regla de «gasto base cero» al comienzo de la Legislatura: justifique desde cero cada euro, evitando los programas de inercia y zombis.

8. Menos órganos, más competencia. Fusión de unidades superpuestas, plantillas más pequeñas y mejor pagadas en funciones de ejecución crítica.

9. Medición de los tiempos de todo el ciclo (llamada, resolución, pago) y bonos de cumplimiento para equipos que entregan a tiempo y presupuesto.

10. Transparencia radical. Información pública con el estado de cada línea de ayuda y cada contrato relevante.

España tiene un bajo problema de ejecución en las palancas de productividad (Industria 4.5%; Vivienda 5.3%; 7.1%de transformación digital), histórica débil en la industria (7.9%media en Junia) y el creciente abuso de modificaciones presupuestarias en un entorno de extensión. No es una anécdota, es un patrón.

La salida no es gastar más o multiplicar los anuncios, es reducir el perímetro del Estado, profesionalizar la ejecución y gobernar el cumplimiento de las reglas. Haz menos y haz mejor. Regrese al presupuesto su función: convierta las políticas públicas en realidades para que la economía crezca, las inversiones privadas acompañan y los ciudadanos reciben servicios de calidad. El resto, sin ejecución, es propaganda.

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