El equipo jurídico del expresidente es contundente: Maduro no tiene los recursos para ser juzgado en Estados Unidos. Su abogado Barry Pollack pidió formalmente a un juez federal de Nueva York que obligue a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos a liberar fondos pertenecientes al Estado venezolano para financiar su defensa.

Pollack insiste en que impedir los pagos desde Caracas limita la capacidad de Maduro de contratar y retener a un abogado de su elección, lo que él cree podría violar garantías constitucionales. Por ello, pidió a la OFAC que restablezca la autorización original y advirtió que si esto no ocurría podría pedir al tribunal que intervenga para resolver la situación.

La estrategia de defensa intenta presentar a Maduro como un acusado indefenso ante el sistema de justicia estadounidense, alegando que la falta de acceso a fondos públicos vulnera su derecho a tener un abogado de su elección.

Maduro presentará moción formal en los próximos días

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron Detenido el 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses durante una operación relámpago en Venezuela. Luego trasladado a Nueva York. Allí permanecen en prisión preventiva en la Cárcel Metropolitana de Brooklyn.

Allí, enfrentan una amplia acusación federal por presuntamente colaboración con organizaciones de narcotráfico por enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Ambos se han declarado inocentes y, de ser declarados culpables, se enfrentan a cadena perpetua.

Desde el arresto de Maduro, su ex vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina, mantuvo contactos con Washington sobre cuestiones económicas y diplomáticas pese a que los partidarios del expresidente continúan cuestionando la legalidad de su captura y del proceso judicial en su contra.

Cilia Flores recibió autorización de la OFAC para acceder al dinero

La controversia sobre la financiación de la defensa refleja tensiones subyacentes en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Washington ya no reconoce al gobierno de Maduro desde 2019 y apoya a los líderes de la oposición como autoridades legítimas.

Autorizar a Venezuela a cubrir sus costos de defensa podría complicar la estrategia de la fiscalía estadounidense para refutar los argumentos de Maduro, quien sostiene que su detención y procesamiento son ilegales y que como jefe de Estado goza de inmunidad, tesis que las autoridades estadounidenses rechazan.

El equipo legal de Maduro sostiene que el acusado no tiene recursos propios para pagar un abogado y que podría recurrir a la asistencia de un abogado para garantizar una adecuada defensa.

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