El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores Reiteraron este jueves ante el tribunal federal de Nueva York que No tienen recursos para financiar su defensa. en el caso del narcotráfico y manifestaron que están dispuestos a presentar evidencia si el juez lo solicita, para fortalecer su solicitud de desestimación de la acusación.

Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Barry Pollack y Mark E. Donelly, señalaron en un documento enviado hoy al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el gobierno de Venezuela pague por su defensa.

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que afirman no poder pagar a sus abogados y expresan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal así lo requiere.

Esta declaración, presentada hoy ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, llega apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de este mes.

Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado al Gobierno de Venezuela a pagar a sus abogadoslo cual, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.

La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde 2015 con el objetivo de presionar a Maduro para lograr un cambio político, y el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela.

En el escrito, la defensa destaca que la negativa a permitir que Venezuela pague honorarios legales viola la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece el derecho a elegir una defensa, y la Quinta Enmienda, que protege el debido proceso.

Los abogados recuerdan también que la OFAC ha permitido en otras ocasiones que «un tercero sujeto a sanciones pague los honorarios legales de una persona también sancionada», algo que consideran incoherente con su caso.

Señalan también que la propuesta del Gobierno de aceptar un defensor público «no constituye un remedio en absoluto», ya que se verían obligados a aceptar una defensa que no eligieron.

«Obligar a los acusados ​​a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución a la violación de su derecho a elegir su propio abogado», señalan.

Por estas razones, la defensa solicita al juez Hellerstein que desestime los cargos por considerarlos un proceso «inconstitucionalmente viciado» o que celebre una audiencia para discutir el caso.

“El único recurso es el sobreseimiento, dado que este tribunal no puede permitir que el presente caso avance en violación de los derechos constitucionales del señor Maduro y de la señora Flores de Maduro”, indica el documento legal.