El acuerdo programático que el Partido Popular y Vox firmaron esta semana en Extremadura para volver a gobernar juntos, tras dos años de ruptura, sigue dando de qué hablar. Entre otras cosas, porque cada parte hace una interpretación diferente de algunas de las medidas incluidas en el documento.

Sobre todo, cuando se trata de inmigración ilegal. El texto está atravesado de principio a fin por el concepto de «prioridad nacional». Una figura retórica que, a día de hoy, no es posible llevar a la práctica porque contraviene la propia Constitución española y varias leyes estatales. Los propios populares reconocen que la «prioridad nacional» es una concesión literaria a Vox para referirse a una exigencia del arraigo para acceder a determinados beneficios.

Pero no es el único apartado que genera confusión. En el acuerdo, las dos partes se comprometen a cerrar el grifo a las «ONG que favorecen la inmigración ilegal». En concreto, la iniciativa dice: «Se eliminarán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG’s u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o mantenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como colaboradores necesarios de mafias de trata de personas.»

Entonces, de ahora en adelante, «El Gobierno de Extremadura no destinará ni un solo euro público a estructuras que fomenten el efecto convocatoria». La redacción de la propuesta sugiere que, sin ir más lejos, la propia Cáritas Diocesana, principal entidad social de la Iglesia católica, no recibirá más recursos públicos del Gobierno extremeño.

Un paso más en la cruzada que mantiene Vox contra la Iglesia católica por su discurso sobre la inmigración ilegal y las actuaciones que lleva a cabo para ayudar a los inmigrantes que llegan a nuestro país. Sin embargo, el PP es tajante: «No dejaremos a Cáritas sin ayuda.»

Según los dirigentes populares, no hay un peso exacto para concluir que Cáritas actúa como un cooperador necesario de «las mafias de la trata de personas», matiz del texto al que se aferran para tranquilizar a la Iglesia.

Este domingo, en una entrevista en el paisDos dirigentes de Vox que han participado en las negociaciones abren la puerta a excluir a Cáritas, y otras entidades de la Iglesia, de las subvenciones públicas. Aunque, cuando se les pregunta sobre el futuro de los acuerdos entre la Junta y Cáritas y si se van a romper, evitan responder con claridad: «Valoramos la acción social de la Iglesia, pero no podemos aceptar que el dinero de los contribuyentes se destine a promover la invasión y la migración masiva».