No es absentismo
En los últimos días, el relato de organizaciones como FADE y AMAT ha inundado los medios con titulares alarmistas sobre el aumento de las bajas laborales en Asturias. Hablan de «agujeros negros económicos», recurren a detectives privados para vigilar a sus plantillas e insinúan una cultura de «jetas» frente a «pringaos». Sin embargo, frente a esta campaña de estigmatización, los datos y el sentido común arrojan una realidad muy distinta: no estamos ante un problema de absentismo injustificado, sino ante una crisis de salud laboral y sanitaria.
[–>[–>[–>Las palabras no son inocentes. Llamar «absentismo» a una Incapacidad Temporal (IT) es una estrategia calculada para deformar la realidad y trasladar la mirada desde la enfermedad hacia la sospecha. No es absentismo: es el cuerpo diciendo basta.
[–> [–>[–>El discurso empresarial sugiere que existe una connivencia masiva para «vivir mejor cobrando menos». Esta premisa choca frontalmente con la legalidad y la economía doméstica de la clase trabajadora.
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Quien determina la existencia de una enfermedad y dicta una baja es un profesional médico del servicio público de salud, no el capricho del trabajador.
[–>[–>[–>Sostener que una baja laboral es un «chollo» no solo es un despropósito, es falso. La realidad, sobre todo para los trabajadores de la pequeña y mediana empresa, es mucho más cruda: la persona trabajadora se queda a cero los tres primeros días. Del cuarto al vigésimo día, sus ingresos se desploman al 60% de la base reguladora, y solo a partir de la tercera semana rozan el 75%. Lejos de ser unas vacaciones pagadas, la enfermedad arrastra a las familias a una evidente vulnerabilidad económica, no es un privilegio.
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Como prueba adicional, los procesos de IT también han aumentado un 27% en el régimen de autónomos. Esto rompe por completo el relato de que las bajas suben solo donde hay complementos salariales; suben porque la gente, independientemente de su régimen, enferma.
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[–>Mientras las empresas gastan recursos en detectives para perseguir un fraude minoritario, ignoran deliberadamente las causas estructurales que alargan las bajas.
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Existe una contradicción flagrante: las mismas organizaciones empresariales que se escandalizan por el coste de las bajas se niegan a invertir en la prevención de riesgos laborales. Es como rechazar invertir en mantenimiento y luego escandalizarse por el altísimo coste de las averías. En Asturias, el modelo de prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, «de papel», diseñado para superar inspecciones pero ineficaz para proteger vidas.
[–>[–>[–>A esto se suma el colapso del sistema sanitario público. La sanidad, dependiente de las comunidades autónomas, sufre listas de espera que se han disparado. Cuando el sistema no funciona con agilidad, los diagnósticos y tratamientos se retrasan, las patologías se cronifican y las bajas se prolongan irremediablemente. Sin embargo, son las mismas organizaciones empresariales las que se niegan a pactar en los presupuestos del Principado incrementar los recursos económicos para Sanidad, utilizando términos tan degradantes como que son «gasto corriente».
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Resulta llamativo que las organizaciones patronales señalen con alarma cómo las bajas por salud mental se han triplicado entre la juventud asturiana, mientras omiten convenientemente sus causas. La ansiedad, la depresión y el estrés crónico no son debilidades de una generación frágil, sino el resultado directo de un modelo productivo que exprime a las personas hasta el límite. Que esta epidemia silenciosa golpee con más fuerza a los más jóvenes no es casualidad: es la consecuencia de soportar unas condiciones laborales precarias, chocar contra el muro inaccesible de la vivienda y ver cómo se esfuma cualquier oportunidad de construir un proyecto de vida.
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Además, sufrimos un cuadro de enfermedades profesionales completamente obsoleto que invisibiliza la salud mental. Al negarse a reconocer el origen laboral de estas patologías, el sistema obliga a la sanidad pública a asumir un coste y un tratamiento que debería corresponder a las Mutuas y a las políticas preventivas de las empresas.
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El debate público está viciado. La pregunta que debemos hacernos no es cuánto cuesta la incapacidad temporal a las empresas. La verdadera pregunta es cuánto nos cuesta como sociedad no invertir en salud, no prevenir riesgos y no diagnosticar a tiempo. La respuesta es clara: nos cuesta más enfermedad, listas de espera más largas y un mayor gasto para las arcas públicas. Si las bajas aumentan, quizá la pregunta no sea quién falta al trabajo, sino qué está haciendo el trabajo con las personas. Es hora de dejar de culpabilizar a quien enferma y exigir responsabilidades a quienes precarizan el trabajo.
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