El periodista de ‘El País’ Miguel González es el autor de la información que ha desvelado que el El Gobierno activó una excepción al veto a la compra de armamento israelí tras las advertencias de la industria aeronáutica. Según la investigación, Airbus alertó al Ejecutivo de que programas multimillonarios de defensa y miles de puestos de trabajo en España estaban en riesgo si no se autorizaba la importación de determinado material militar de origen israelí.

En Al Rojo Vivo, González ha ampliado los detalles de la información y ha destacado el momento elegido por el Ejecutivo para adoptar la medida. «No parece casual que el Gobierno haya elegido el último Consejo de Ministros del año, el 23 de diciembre, Nochebuena, para tomar una decisión que no gusta mucho y que es difícil de explicar»dijo el periodista.

Para él, las explicaciones oficiales no llegarán de inmediato. «El debate se aplaza hasta febrero, cuando se reanuda el curso parlamentario y el Gobierno se ve obligado a comparecer. Tendrá que dar una explicación exhaustiva no sólo de esta excepcionalidad aprobada, sino también de cómo se está aplicando realmente el embargo a la venta de armas con Israel aprobado en el decreto de septiembre», punto.

El trasfondo industrial de la decisión afecta directamente dos plantas estratégicas de Airbus en España: Getafe, en Madrid, y San Pablo, en Sevilla. En estas fábricas se ensamblan aviones como el A400M o el avión de repostaje en vuelo, se realiza su montaje final y se realizan pruebas y puestas a punto antes de su entrega a los clientes.

Como explica González, en la fase final de fabricación de un avión se integran sistemas específicos solicitados por el comprador, aunque no sean producidos por el propio fabricante. Entre ellos se encuentran equipos de contramedidas defensivas diseñados para neutralizar ataques.sistemas que han sido elegidos por países como Alemania, Canadá y otros aliados. Estos dispositivos son fabricados por la empresa israelí Elbit Systems.

Para poder incorporarlos a los aviones, España necesita autorizar su importación. Sin embargo, El decreto aprobado en septiembre establece un veto a la entrada de material de defensa procedente de Israello que generó un conflicto legal e industrial.

«Si España no puede importar estos sistemas ni integrarlos en los aviones, esos dispositivos «Tendría que enviarse a otros centros de Airbus en Europa para completar la instalación allí antes de la entrega», explica el periodista. Este escenario implicaría la pérdida de una parte crucial del proceso productivo en España.

Ahí es donde, según la información publicada, surge la advertencia de Airbus: si las plantas españolas no estuvieran en condiciones de acometer la integración definitiva de estos equipos, la compañía se vería obligada a trasladar esa fase a otros países. con el consiguiente riesgo de pérdida de miles de puestos de trabajo y de peso industrial para España en los programas estratégicos de defensa.

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