La implantación de la historia social única se presentó cómo un “vector de modernización y de innovación de cara a las necesidades presentes y futuras” de los servicios sociales en la región. Una herramienta para cumplir con la nueva normativa estatal que permitiría agilizar los trámites y ofrecer a la ciudadanía un mejor servicio. Hasta ahí la teoría. En la práctica, el nuevo sistema de la Consejería de Derechos Sociales convirtió la tramitación de la dependencia, servicio social crucial ante el envejecimiento de la población, en un túnel de caos del que ocho meses después aún están empezando a salir. Pero los problemas están lejos de darse por olvidados y el próximo cese de contrato de decenas de trabajadores podría volver a complicar una situación ya encaminada.