Hace apenas un mes, muchos residentes de la comunidad de o morrazoen Pontevedra se concentraron a las puertas del ayuntamiento al grito de «¡Manos arriba, esto es un robo!».

Protestaban por la aprobación del aumento en la tasa de basura a las puertas de un pleno donde se viven momentos de tensión tanto dentro como fuera. Tanto es así que Araceli Gestido, alcaldesa del Concejo de Cangas, tiene que salir protegido por la Guardia Civil mientras sus vecinos le arrojan huevos y bolsas llenas de basura.

«No sé si a Mazón le han hecho algo de este calibre», comenta la alcaldesa en el vídeo superior, donde explica que fue un aumento de 60 euros al año «en la mayoría de los hogares».

Araceli preside la comunidad que gestiona la basura de tres pueblos y asegura que «hasta ahora los ayuntamientos hemos pagado todo el tiempo que hemos podido, siempre con la intención de ayudar a los vecinos, pero llega un momento en el que tenemos que cumplir la ley que obliga a repercutir el coste al usuario«.

Hasta ahora el coste real de la gestión de la basura no se repercutía en los vecinos, pero hace tres años el Gobierno aprobó una ley que trajo a España una directiva europea.

La ley dio a los municipios hasta abril de 2025 para establecer una tarifa específica que Refleja el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de residuos..

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, explica que esta ley dice que los Ayuntamientos deben tener «perfectamente identificado» el coste de la gestión de residuos y lo que supone para cada ciudadano y, «a partir de ahí, utilizar la tasa de basura como herramienta para garantizar que Se puede establecer el principio de que quien contamina paga.«.

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