La noticia saltó esta semana. El Ministerio de Hacienda tomó la decisión de posponer la entrada en vigor del sistema Verifactu hasta 2027 por la falta de claridad e información al respecto, generando alarma entre pymes y autónomos.

Se trata del nuevo sistema de facturación electrónica activado el pasado mes de mayo, creado con el objetivo de acabar con las facturas que se pueden modificar sin dejar rastro. La idea del ministerio dirigido por María Jesús Montero era combatir el fraude fiscal y digitalizar los procesos de facturación de empresas y autónomos.

Sin embargo, la creación de esta herramienta causó graves confusión entre los ciudadanosquienes desconocían las normas y quiénes debían cumplirlas. Por ello, la norma se ha pospuesto hasta 2027, que será cuando entrará en vigor definitivamente.

Una decisión que ha supuesto un gran alivio para muchos, pero que afectará fuertemente a otros ciudadanos. Y es que muchos empresarios han alzado la voz al verse perjudicados por el aplazamiento. uno de ellos es Yannick Charton, CEO de Valio Consultinguna empresa especializada en asesoramiento fiscal y contable y que ha explicado las consecuencias de esta medida.

Años de trabajo desperdiciados

La decisión del Ministerio de Hacienda es posponer la aplicación obligatoria de Verifactu hasta el 1 de enero de 2027. Con esto se marcha el trabajo de Valio Consulting. “Hemos dedicado tres años a preparar a cientos de pymes, y sin previo aviso nos dicen que habrá un año más. Hacienda nos ha hecho perder años de trabajo«, confirma Yannick Charton, director general de la empresa.

Y todo el tiempo y esfuerzo invertido en los últimos años parece haber sido ‘en vano’, ya que la medida se retrasa un año más de lo previsto. El Gobierno tenía previsto implementar esta herramienta de forma obligatoria para la entrada de 2026, pero todo ha cambiado.

“Se ha invertido tiempo y esfuerzo en acompañar a nuestros clientes, estableciendo alianzas tecnológicas para llegar al último día del año con todo en orden. Y menos de un mes después anuncian otra prórroga«, declara el director general de Valio Consulting.

Falta de claridad

Si hay un motivo que explica el aplazamiento es el falta de entendimiento del Ministerio con los ciudadanos afectados. «Durante meses, muchos autónomos y pequeñas empresas han vivido con la idea errónea de que Verifactu era obligatorio para todos. Ese sentimiento, alimentado en parte por comunicaciones imprecisas, abrió la puerta a que algunas empresas vendieran soluciones que no eran necesarias», explica Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Directivos Administrativos de España (CGCGAE).

La medida había generado mucha confusión entre pymes y autónomos, que no sabían si estaban obligados o no a facturar a través de esta herramienta. Por este motivo, el Consejo señala que este año adicional es útil si se invierte en definir y comunicar con precisión qué empresas están obligadas y cuáles nogarantizar una aplicación técnicamente viable y homogénea, evitar costes injustificados para los trabajadores autónomos y las micropymes y garantizar que Verifactu no se convierta en una nueva fuente de carga administrativa.

Los economistas cargan contra el Tesoro

Críticas a la decisión del Tesoro de posponer la implementación del sistema de facturación Verifactu comienza a extenderse en el sector empresarial. El último grupo en hacerlo ha sido el Consejo General de Economistas (CGE), que ha criticado el retraso en la entrada en vigor del nuevo sistema de verificación de facturas porque «un cambio tan tardío complica la organización interna de las empresas y plantea dudas sobre la estabilidad del marco regulatorio».

Por ello, han advertido que la inseguridad jurídica que ha generado para empresas que ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas en función de los plazos inicialmente establecidos»Afecta especialmente a las empresas con menor capacidad administrativa y menos margen para absorber imprevistos». En este contexto, han destacado que es fundamental que «los plazos para la entrada en vigor de la normativa no se modifiquen en el último momento» y que se mantengan «estables en el tiempo para permitir a las empresas y emprendedores planificar con seguridad y adaptar sus procesos sin incertidumbres».

Aunque la CGE reconoce que la ampliación del plazo puede suponer un «respiro» para las empresas que aún estaban adaptándose a la nueva regulación, para las que ya lo habían hecho supondrá «Costos adicionales resultantes de ajustes de última hora.«.