“Nosotros no vamos a romper el Gobierno regional; si el PSOE cree que exigimos demasiado, tendrá que decirlo”
Izquierda Unida, socio minoritario del PSOE en el Gobierno del Principado, reclama una redefinición del pacto de legislatura para afrontar el tramo final del mandato. María José Miranda, secretaria de Organización de IU, advierte de que el acuerdo firmado en 2023 “quedó obsoleto” por la evolución de la realidad social y exige más ambición en vivienda, sanidad, dependencia, educación y servicios públicos. Asegura que IU no romperá el Ejecutivo, pero avisa al PSOE de que debe asumir responsabilidades políticas por la tragedia de Cerredo, hacer autocrítica y girar más a la izquierda.
[–>[–>[–>—¿En qué punto se encuentra la coalición de gobierno entre PSOE e IU?
[–> [–>[–>—Ahora mismo, a estas alturas, la coalición necesita reajustar y redefinir el acuerdo de gobierno. Hay que adaptarlo a la realidad social que estamos viviendo porque, si no, estos meses que quedan van a ser complicados y se entrará en una inercia que lo único que hará será erosionar a la coalición y al Gobierno en general.
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—Están pendientes de una reunión con el PSOE para abordar ese reajuste, pero no llega.
[–>[–>[–>—Hay que reajustar y redefinir el acuerdo. El pacto de gobierno se firmó en 2023 y la realidad social lo dejó obsoleto. La realidad avanza y, en algunos casos, genera nuevas dificultades. Para nosotros, lo óptimo sería tener esa reunión antes del debate de orientación política. Creemos que esa redefinición del acuerdo tiene que ser el inicio de unas bases que den esperanza a la mayoría social. Si alguien puede mejorar la vida de la clase trabajadora, o de esa clase media de la que ahora habla el presidente Barbón, que en realidad es una mayoría social que necesita servicios públicos para tener seguridad y garantías de vida, son las políticas de izquierdas.
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—¿Por qué no llega esa reunión? ¿Tiene fecha?
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[–>—No llega porque no hay bases para hablar de ese reajuste y de esa redefinición. No queremos un análisis cuantitativo del acuerdo de gobierno, que es lo que nos plantean. Si vamos solo a un análisis cuantitativo de lo que firmamos en 2023, claro que hay cosas cumplidas y positivas. Quiero poner en valor dos. Una, el pacto social por el medio rural, impulsado por Izquierda Unida. Administrativamente está en marcha y avanza, pero necesitamos que en estos meses y de cara al futuro se traduzca en realidades que la gente del medio rural pueda ver y sentir. Si se queda en un papel administrativo, no vale. Y también tenemos que felicitarnos por la especialidad de asturiano en al docencia. Se luchó mucho por ella y haberla conseguido es una noticia brillante, pero tiene que ir acompañada de la ley de Identidad. Esa ley tiene que aprobarse y tenemos que tener un proyecto identitario también en la llingua.
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—¿Tiene sentido mantener el acuerdo de gobierno si no se reajusta?
[–>[–>[–>—El acuerdo que firmamos en 2023 tuvo sentido en tanto en cuanto se consiguieron cosas. Mereció la pena. Nosotros asumimos competencias dentro de la Administración, como vivienda, y ahí dimos un giro de 180 grados. También está la ley LGTBI, que está en el Parlamento, y se puso el foco en la Agenda 2030 dentro de las políticas asturianas. Pero ese acuerdo ya no da respuesta a todo lo que la sociedad necesita hoy.
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—Desde fuera puede parecer que IU amaga con romper el Gobierno, pero nunca rompe. ¿Qué responde a quien piense que estas crisis son fuegos de artificio?
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—No se trata de romper. Creo que tampoco se puede vender como crisis de gobierno lo que son puntos de encuentro muy diferentes. ¿Eso significa que haya que romper un gobierno porque hay diferencias? No. Somos dos fuerzas políticas distintas. La riqueza de un gobierno progresista se basa precisamente en eso. Si fuéramos lo mismo, no habría diferencias. La responsabilidad de Izquierda Unida es hacer que las políticas del Gobierno giren más a la izquierda. A quien dude le diría que nos dé confianza, porque si hay más Izquierda Unida en el Gobierno habrá más políticas que mejoren la vida de la mayoría social.
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—¿Terminará IU la legislatura dentro del Gobierno del Principado?
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—Nosotros no vamos a romper un gobierno. Y menos en las circunstancias políticas y sociales a las que nos enfrentamos, con el auge de la derecha y de la extrema derecha, como estamos viendo en otras elecciones autonómicas. IU no va a poner en riesgo las políticas democráticas ni la democracia en esta comunidad autónoma. Si el PSOE considera que nuestras exigencias son demasiadas para seguir en el Gobierno, tendrán que decirlo ellos. IU no va a romper un gobierno.
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—¿En qué formato concurrirá IU a las próximas elecciones autonómicas? ¿Cómo van las conversaciones en el espacio a la izquierda del PSOE?
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—Todavía hay tiempo. La cuestión no es tanto qué confluencia habrá o quién formará parte de ella, sino para qué es esa confluencia. Izquierda Unida siempre fue una fuerza con vocación de gobierno y tiene que seguir siéndolo. Para nosotros, el objetivo de esa unión tiene que ser que haya más izquierda en el Gobierno.
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—¿Están más cerca de concurrir con otras fuerzas o por separado?
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—Convocatoria por Asturias es el paraguas. Ahí hay otras fuerzas políticas y nosotros siempre defendimos una unidad para gobernar. Otra cosa es que ese paraguas albergue a más gente.
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—La crisis de Cerredo marcó un punto de inflexión en el Gobierno. ¿Es lo que más les ha alejado del PSOE?
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—Sí. Fue el momento en el que realmente hubo un riesgo muy grande de que el Gobierno se partiera. Para nosotros hay una cuestión fundamental: la Administración del Principado de Asturias tiene responsabilidad en ese accidente. Para la otra fuerza del Gobierno no es así; lo ven solo como una cuestión administrativa. Para nosotros hay una responsabilidad política y la Administración tiene que asumirla. También tiene que compensar a esas familias por la responsabilidad que tiene la Administración.
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—IU ha pedido responsabilidades políticas a Nieves Roqueñí y Enrique Fernández. ¿Deberían dejar sus cargos en El Musel y Hunosa?
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—Independientemente del salario que cobren, la responsabilidad política debería hacerles dejar sus cargos. Eso no significa culparlos ni hacerlos responsables directos de una desgracia ni de los cinco muertos. Ahí hay un empresario y unas circunstancias laborales que no se cumplieron. Pero sí hay una responsabilidad política por no cumplir bien, o por no hacer cumplir bien, los parámetros administrativos que tenían que cumplirse. Por eso creo que deberían haber dejado sus cargos.
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—¿Por qué cree que el PSOE se opone a depurar esas responsabilidades políticas?
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—Eso tendrá que decirlo el PSOE. Pero supongo que hacer dimitir a esas personas significaría asumir unas responsabilidades políticas que ellos no asumen.
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IU está expulsada de las políticas medioambientales del Gobierno: no hablan con nosotros
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—También han pedido responsabilidades en Cogersa. ¿Es otro punto de fricción con el PSOE?
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—Sí. IU está expulsada de las políticas medioambientales del Gobierno. No hablan con nosotros las políticas medioambientales, y eso es un problema importante porque tenemos diferencias grandes. Nosotros queremos una política de gestión de residuos que tienda al residuo cero y esas políticas no se están llevando a cabo. Lo vimos también con el problema con Europa y con la posibilidad de una multa. Ya no es una cuestión de una crítica política a una gerencia: son datos objetivos. La gestión no es correcta ni adecuada y no se está atendiendo a las directrices de reducción del residuo.
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—Otro punto de discrepancia ha sido el proyecto de Costco. ¿Les duele que se haya aplicado la ley de proyectos estratégicos a Costco y que se pueda tardar en aplicarla para Barros?
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—No es una cuestión de que duela, sino de principios y coherencia. Si los mecanismos y los instrumentos de la Administración los pones al servicio del mundo del dinero, pasa lo que pasa con Costco. Cuando los tienes que poner al servicio de la mayoría social, de la política industrial y de la generación de empleo estable, la diferencia es evidente. Costco no va a generar ese empleo estable y de calidad que realmente da vida a una comunidad autónoma. Lo que hay que hacer es aplicar los mecanismos públicos para generar empleo de calidad y que industrias como las de Barros se queden con Indra.
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—¿El Gobierno les tuvo en cuenta en la gestión para retener inversiones vinculadas al sector de la defensa?
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—No se nos tuvo en cuenta. Hemos sido muy prudentes en todo este proceso, porque hay una Oficina Económica que depende directamente del presidente y cuyo objetivo fundamental era atraer inversiones, empresas y empleo a esta comunidad autónoma. No estamos viendo resultados. La fábrica de coches eléctricos se fue a Galicia. Y con el tema de Indra, cuando el peligro ya está encima de la mesa, se decide actuar. No voy a valorar personalmente al director de la Oficina Económica, pero si esos son sus objetivos, los hechos dicen que las inversiones pasan por Asturias, pero no paran.
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Si el objetivo de la Oficina Económica es atraer inversiones, los hechos dicen que estas pasan por Asturias, pero para ir a Galicia
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—¿Están en desacuerdo con el planteamiento de la Oficina Económica creada en Presidencia?
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—No podemos estar de acuerdo con algo cuyo funcionamiento no conocemos. Solo podemos analizar los hechos objetivos. Las dos grandes inversiones que llegan en este último momento pasan por Asturias camino de Galicia y ninguna se queda. Ahí hay un problema objetivo.
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—En el tramo final de legislatura quedan muchas leyes pendientes en la Junta General. ¿Dará tiempo a culminar las impulsadas por la consejería de IU?
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—La Junta General tiene que ponerse a trabajar muchísimo y necesitamos un calendario que de momento no tenemos. Hay que calendarizar. Hay alrededor de veinte leyes en la Junta y hay que priorizar. Para nosotros son muy importantes las nuestras, pero también la ley de Universidades, la ley de Derechos Sociales y otras normas que queremos saber cómo se van a impulsar y aprobar. Queda un trabajo muy intenso en estos últimos meses y confío en el Parlamento, que siempre ha funcionado bien y tiene una parte legislativa muy importante.
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—El PP critica la baja ejecución presupuestaria de la consejería de Ovidio Zapico. ¿Qué responde?
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—Es un mantra que repite constantemente el PP dentro de su política de oposición. La baja ejecución no salta a la vista. Lo dijo Ovidio varias veces: hay edificios con andamios, hay obras que crecen y hay rehabilitación. Medir la ejecución presupuestaria solo con la parte del presupuesto que ya está en pago es torticero. Donde sabes realmente si el presupuesto está gastado es cuando está en disposición o adjudicado, y ahí sí tenemos una alta ejecución. ¿Por qué no está en pago? Porque necesitamos que la obra tenga un porcentaje de ejecución elevado antes de pagar.
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—La vivienda sigue siendo un problema y sigue creciendo. ¿No han dado con la clave?
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—Creo que se está paliando. El problema de la vivienda afecta ahora mismo a la mayoría social, no solo de Asturias, sino de España. Tiene muchas aristas y no una sola solución. Lo más dramático es que todas las políticas de vivienda no tienen una reacción inmediata para el ciudadano, son soluciones a medio y largo plazo. Nosotros tenemos más de 650 promociones en marcha, hemos mejorado mucho el parque público y hemos puesto en marcha el programa de alquiler social.
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—¿Qué avances destacaría en esa materia?
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—Se consiguió poner al día el pago de ayudas al alquiler que estaban pendientes, incluso algunas del covid, y también ayudas de accesibilidad, alquiler y bono joven. Me gustaría poner en valor el trabajo del director general y de todo el equipo que consiguió armar dentro de la Dirección General de Vivienda. La implicación de los funcionarios, en todo el escalafón de la Administración, fue fundamental, con un liderazgo muy claro del director general.
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¿Cómo puede ser posible que haya personas que vivan exclusivamente de especular con la vivienda?
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—¿Intervenir el mercado es el camino?
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—Una cosa es la intervención del mercado y otra intervenir en el mercado. El mercado no se va a regular solo. Quienes temen intervenir en el mercado son aquellas personas o fuerzas políticas que consideran la vivienda como un bien de mercado. Pero la vivienda no es un bien de mercado, no se puede especular con ella. No puede ser un negocio. ¿Cómo puede ser posible que haya personas que vivan exclusivamente de rentas? No hablo de alguien que tenga su vivienda habitual y un piso que alquila. Con un piso no vives de rentas. Hablamos de otra cosa. Eso sí hay que intervenirlo.
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—La dependencia ha sido otro foco de críticas al Gobierno. ¿Es un fiasco?
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—Es un problema. Y lo engancho con lo que decía al principio sobre la necesidad de reajustar el acuerdo de gobierno. IU gobierna para esa mayoría social que necesita el paraguas de unos servicios públicos de calidad: sanidad, educación, derechos sociales y vivienda. ¿Cómo mejoro la vida de un trabajador? No con una bajada de impuestos. Quiero que mis vecinos, mis amigos o mis compañeros llamen al médico y les atiendan en un tiempo prudencial. Quiero que mi médica de atención primaria tenga mecanismos para cubrir mis necesidades de especialidad. Quiero que mis padres, si necesitan una ayuda de dependencia, no se mueran esperando ni tarden un año y medio.
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—¿Qué falla en dependencia?
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—Es un problemón. No podemos mirar hacia otro lado cuando hay un año y medio de espera para valorar la dependencia en una comunidad autónoma con el envejecimiento que tiene Asturias. Yo no tengo la solución, pero lo que pedimos es sentarnos. Lo que se ve es que no hubo planificación. No se tuvo en cuenta el envejecimiento de Asturias. Seguimos con una Administración pensada para otra época y que no tuvo en cuenta la curva de envejecimiento.
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—Cuando habla de mirar hacia otro lado, ¿acusa al PSOE de falta de autocrítica?
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—Sí, le achaco falta de autocrítica. No pasa nada por reconocer que algo no funciona bien. No pasa nada por reconocer que no se tuvo en cuenta la curva de envejecimiento o que nos encontramos con un aluvión de personas mayores que necesitaban dependencia y no hubo capacidad para resolverlo. Si no se parte del problema matriz, no se va a encontrar la solución.
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—¿Qué debería hacer el Gobierno?
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—No vale decir que se va a avanzar con un programa nuevo, con un parche o metiendo más personal. Hay que hacer un análisis general. Hay que redefinir todo lo que son los derechos sociales. Si no hay autocrítica, no se avanza. Y no podemos confundir la autocrítica con desgastar al Gobierno o con darle argumentos a la derecha. La crítica fácil, la de que todo va mal pero sin propuestas para que todo vaya bien, es crítica de desgaste que usa la derecha. Un gobierno tiene que ser capaz de ser autocrítico para mejorar y poner soluciones encima de la mesa.
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—¿Qué le pide IU al PSOE para el tramo final de legislatura?
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—Sentarnos a hablar de estos temas neurálgicos para la clase trabajadora y avanzar. Hay que dar esperanza a la mayoría social. Puede sonar soberbio, pero si alguien puede mejorar la vida de esa mayoría social es la izquierda. La izquierda tiene que dar esperanza, tiene que dar soluciones y tiene que ser capaz de reajustar el acuerdo y marcarse objetivos en sanidad, derechos sociales, vivienda y educación para el tramo final de la legislatura.
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