Novedades para los autónomos: así afectará Verifactu a los trabajadores
Una nueva era fiscal se aproxima para los autónomos y pequeñas empresas en España. Con la aprobación del Real Decreto 254/2025, publicado el pasado 2 de abril en el BOE, se activa un cambio estructural en el modo en que los profesionales deben emitir sus facturas. Esta normativa introduce el sistema Verifactu, que será obligatorio para todos los contribuyentes en los próximos años.
Fechas para Verifactu
Aunque el uso de Verifactu aún es voluntario, la Agencia Tributaria ya permite emplearlo de forma anticipada desde el 23 de abril de 2025. El nuevo calendario establece dos fechas clave: las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades deberán implementarlo desde el 1 de enero de 2026, mientras que autónomos y otros profesionales tendrán como fecha límite el 1 de julio de 2026. Esta medida, que forma parte de la Ley Antifraude (Ley 11/2021), busca combatir la economía sumergida y garantizar la transparencia en la facturación.
¿Qué cambia exactamente con Verifactu?
Esta nueva normativa exige que todos los sistemas informáticos de facturación generen un registro digital inalterable de cada factura emitida. Este registro debe contener medidas de seguridad como una huella digital, el enlace al registro anterior y, si el software está certificado, la remisión automática de los datos a Hacienda. Además, cada factura deberá incluir un código QR que enlaza con la sede electrónica de la Agencia Tributaria, permitiendo a cualquier receptor verificar en tiempo real si la factura ha sido comunicada.
Programas de facturación
Los autónomos podrán optar por dos tipos de programas de facturación: los certificados con conexión directa a Hacienda (Verifactu) y los no Verifactu, que simplemente almacenan los datos y permiten su entrega posterior. Sin embargo, Hacienda quiere que, progresivamente, todos los sistemas estén conectados en tiempo real, eliminando así cualquier posibilidad de manipulación o pérdida de información. En caso de incumplimiento, las sanciones pueden ser severas: desde 50.000 euros por utilizar software no certificado, hasta 150.000 euros por la venta de programas fraudulentos.
No cumplir con estas nuevas obligaciones conlleva riesgos fiscales y legales considerables. Además de las sanciones económicas, la no emisión de facturas electrónicas válidas puede suponer la pérdida del derecho a deducir el IVA, posibles denuncias penales por fraude fiscal y hasta la paralización de la actividad profesional. También se corre el riesgo de quedar fuera del mercado, ya que muchos clientes y proveedores exigirán comprobantes digitales para sus propias declaraciones.
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