Hace más de una década nació en la localidad gallega de Viana do Bolo un proyecto para reexplotar una antigua mina de estaño abandonada por Rumasa que incluía la obteniendo compuestos de niobio y tantalio, el ansiado coltán. Un recurso indispensable para tecnologías como los teléfonos móviles y que ahora se obtiene principalmente en minas africanas con nulo respeto por el medio ambiente y la seguridad de sus trabajadores, como quedó patente en el reciente colapso de una mina artesanal en el que murieron más de 40 personas. Mientras tanto, los proyectos europeos de extracción de minerales críticos, esenciales para las tecnologías verdes, se enfrentan a menudo a una oposición ecologista que sí utiliza teléfonos móviles o defiende paneles solares construidos con minerales obtenidos en explotaciones dudosas pero lejanas. Una «hipocresía» de los «ambientalistas de salón» que el sector lleva años lamentando.

La mina de Orensa entró en funcionamiento con la colaboración de científicos del CSIC para obtener coltán de los antiguos vertederos y con el objetivo de explotar tanto minerales metálicos como recursos industriales de feldespato, cuarzo y mica. Sin embargo, También encontró rechazo ambiental.. El tribunal decidió suspender el permiso de explotación que en su día concedió la Xunta tras una denuncia de Ecologistas en Acción, que alegaba que afectaba a territorio protegido. El proceso judicial desembocó en la paralización de la mina, un ERE y finalmente la quiebra del propietario, Strategic Minerals, en medio de protestas de vecinos que sí apoyaron un proyecto que empleaba a 129 personas.

Meses después, La explotación podría renacer.: El procedimiento concursal desembocó en una subasta de los activos mineros, incluidas las licencias y la unidad de producción industrial, y se postuló una joint venture entre dos empresas gallegas y la minera australiana Energy Transition Minerals, que finalmente se hizo con la mina por 5.200.000 euros.

Jorge Luis Gil, representante de la empresa en España, señala que hace apenas un mes el juzgado número 4 de Orense les adjudicó la mina, con «76 millones de toneladas» de recursos de estaño esperando explotar. El empresario señala que estaban «conocido el estado judicial» del proyecto, y que este proceso llevó a una «quiebra de acreedores» de la anterior empresa, pero señala que una primera demanda que hablaba de la supuesta contaminación del agua «fue interpuesta hace diez días». Está pendiente ahora un recurso de apelación contra una sentencia a la Xunta por un defecto formal en la concesión de la licencia. Pero a pesar de los obstáculos, ven posible la reapertura, que cuenta con el apoyo de la administración regional.

La empresa quiere empezar el trámite desde cero, y van a pedir de nuevo una licencia de funcionamiento a la espera de que los juzgados acaben ratificando la sentencia a la Xunta. Mientras concluye el proceso de adquisición, ya están «evaluando» las instalaciones y diseñando la futura explotación, que se iniciará «inmediatamente» con la licencia que está en vigor, la del tramo B, explotando feldespatos aprovechables en la industria cerámica de Castellón y Valencia. Quieren demostrar que no son una empresa especulativa y confían en que «Esta pronta reactivación respaldará nuestro interés en el tramo C»de la que en el futuro quieren extraer coltán y de la que esperan mayor productividad. La puesta en marcha de la mina supondrá también «un alivio del pasivo medioambiental» que el anterior propietario dejó pendiente de restaurar.

Mina «bajo la lupa»

Gil destaca que «lo que hace realmente especial a este proyecto» es que es el único con capacidad de producir coltán en toda Europa. «Es la única mina capaz de producir coltán fuera de conflictos armados», destaca, subrayando también la «paz social que rodea a la mina Penouta». Señala que todas las autoridades locales, entre las que se encuentran partidos como PP, BNG y PSOE, están a favor de reactivar el proyecto «siempre que cumpla con los estándares de la normativa europea, que el anterior propietario ya cumplía». Y señala el impacto de la pérdida de 129 puestos de trabajo en una localidad de unos 2.500 habitantes.

Respecto a la oposición medioambiental, el empresario señala que esta oposición es legal y existe en «cualquier tipo de proyecto minero e industrial», pero subraya que en Europa, y «especialmente en España», la normativa es especialmente dura. Su empresa lo defiende, lo cumple y restaurará la zona en función de lo que cumpla la ley. La mina, apunta, «tiene un impacto en el medio ambiente, que tiene que ser el mínimo posible y si es atacada hay que restaurarla» una vez cerrada la mina. En este sentido, señala que entre la documentación obligatoria para la reapertura, la principal es el plan de restauración ambiental, con «garantías muy importantes». «Somos conscientes de que La mina va a ser observada y con lupa, y vamos a tener grupos protestandopero el bien es mucho mayor para la gente de la región. «Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para demostrar que la enfermedad estará controlada y vamos a invertir suficiente capital para demostrarlo».