El plan promovido por el primer ministro de Italia, Giorgia meloniPara deportar al país de los Balcanes a inmigrantes irregulares interceptados en aguas mediterráneas ayer sufrió un nuevo revés judicial. El Tribunal de Apelación de Roma rechazó el 43 migrantes de arresto Deportados en centros de detención y expulsión construidos por el país transalpino en Albania.

Los 43 migrantes, 35 de Bangladés y ocho de egipcio, habían llegado el martes al puerto albanés de Shenjin a bordo del barco militar de Cassiopea, que los había interceptado el día antes del sur de la isla de Lampedusa junto con otros cinco solicitantes de Asylum, Cuatro menores y una presunta víctima de tráfico. Estos últimos fueron transferidos directamente a Italia, ya que son personas vulnerables.

El jueves, la Comisión Territorial por el derecho de asilo rechazó la aplicación de los 43 por ser «infundados», según el Ministerio del Interior. Y aunque, en teoría, todos tuvieron un período de siete días para recurrir a la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones, diferentes organizaciones humanitarias han denunciado las dificultades que estas personas enfrentan para comunicarse con los abogados ex oficios que los ayudan, que se encuentran En Italia, y reciba información de forma independiente sobre su situación legal, que exige que el país transalpino respete el derecho al asilo.

En cualquier caso, la decisión del Tribunal de Apelación de Roma paraliza los procedimientos y obliga a las autoridades italianas a regresar a Italia a los 43 migrantes que aún permanecieron en el territorio albanés.

Este es el tercer intento de Meloni de deportar a Albania a inmigrantes irregulares interceptados en su camino a Italia. Los dos primeros intentos fracasaron porque la justicia no validó los envíos. En octubre, el tribunal competente argumentó que ni Egipto ni Bangladés eran países seguros, como contemplaba una reciente sentencia europea. El gobierno reaccionó al aprobar un decreto que protegió la lista de países considerados seguros, pero que no impidió que el Tribunal de Roma rechazara a un segundo grupo de migrantes y reclamó la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar Deben prevalecer las disposiciones del decreto del gobierno o la sentencia emitida por el Tribunal Europeo.

El ejecutivo de Meloni luego modificó la legislación como los jueces del Tribunal de Apelaciones de Roma y no un tribunal administrativo que decide si validar los arrestos, sin embargo, esta estrategia no ha evitado una nueva varita judicial. Esperando saber la decisión del TJUE, que se espera a fines de febrero, los jueces rechazaron nuevamente validar los arrestos.

El fracaso supone Un nuevo golpe para la estrategia de Meloni, que tenía la intención de usar estos centros para externalizar la inmigración irregular y enciende la batalla del ejecutivo con la magistratura, especialmente después de que la oficina del fiscal abrió una investigación al Primer Ministro y a varios ministros para la liberación de la Jefe de la Policía Judicial de Libia -Pais con que Italia mantiene un acuerdo para controlar la llegada de migrantes, que habían sido arrestados en Turín en virtud de una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por delitos contra la humanidad.