Los problemas gubernamentales de Pedro Sánchez con la transposición de las regulaciones de la Unión Europea al campo legal español se han convertido en una violación habitual, lo que ha llevado a España a ser el país con una mayor cantidad de infracciones y sanciones impuestas de Bruselas, junto con Grecia. En este caso, la Comisión Europea ha dado un ultimátum al gobierno de Sánchez para actualizar los umbrales económicos que determinan el tamaño de las empresas de acuerdo con su equilibrio y volumen de negocios.

Por lo tanto, el ejecutivo de la comunidad da otro paso en el procedimiento de infracción que se abrió en enero a España después de romper la fecha límite del 24 de diciembre de 2024 para transferir a su legislación nacional la Directiva delegada que ajustó, de acuerdo con la inflación, los criterios para establecer si una firma se considera micro, pequeña, media o grande compañía. Junto con España, Portugal, Checo y Malta también han sido acelerados por la misma razón.

En España, esta actualización fue adoptada por el Consejo de Ministros el 29 de octubre de 2024 a través de un proyecto de ley. Los umbrales que determinan el tamaño del negocio se han incuidado con respecto a las regulaciones comunitarias desde 2013 y la Comisión estima que, desde ese año hasta 2023, la inflación acumulada alcanzó el 24,3% en la eurozona y el 27,2% en la Unión Europea en su conjunto.

El objetivo de la medida era evitar las obligaciones para la información financiera y de sostenibilidad que se requieren de las grandes empresas se aplican a las microempresas y las PYME europeas. Específicamente, la actualización modifica los umbrales en términos monetarios que establecen la cantidad máxima de volumen comercial neto y tamaño de equilibrio, pero no introducen cambios con respecto a los criterios relacionados con el número de empleados.

El objetivo es «garantizar que las PYME no estén sujetas a disposiciones indebidas de la UE en términos de presentar información financiera y de sostenibilidad aplicable a empresas más grandes, y es esencial para continuar reduciendo la carga administrativa», dijo la comisión. España, y los otros tres países, ahora tienen dos meses para responder bajo amenaza con el aumento de los casos al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) si no actualizan sus regulaciones.