El Gobierno recibe un nuevo revés judicial por parte Supremo. En este caso, la Sala Tercera ha declarado la nulidad la normativa que exigía más superficie libre por cerdo en explotaciones agrícolas (apartado 4 de la disposición final cuarta del Real Decreto 159/2023). La medida de bienestar animal tendría un impacto «cero», según el Gobierno. El Alto Tribunal ha desmontado por completo esa premisa y reconoce una gran golpe económico para el sector.

«La sentencia confirma lo que asaja denunciado desde el primer día: no se puede legislar por decreto sin evaluar la ruina que significa para el ganadero», denunció la organización agraria en un comunicado.

Legislar sin hacer números

La Corte Suprema sostiene que la Informe de análisis de impacto regulatorio (PRINCIPAL) presentada por el Gobierno fue insuficiente y no evaluó adecuadamente las consecuencias económicas de la medida.

«Cuando el Gobierno aprobó este decreto en marzo de 2023, aseguró en su informe económico que la medida tendría un impacto «cero» o mínimo. El Tribunal Supremo ha calificado de irreal esta afirmación. Los magistrados razonan que exigir una menor densidad de animales (más metros cuadrados por cerdo) tiene un «impacto económico innegable» que el Ministerio ocultó o ignoró deliberadamente», explican desde Asaja.

Para cumplir con las nuevas densidades sólo había dos posibilidades: reducir la cabina, y con ella, los ingresos, o invertir cientos de miles de euros en ampliar almacenes o construir nuevas instalaciones. Y esto, según estimaciones de la industria, significaría más de 300.000 euros por explotacióno una pérdida de entre 4 y 8 millones de plazas de producción anuales, lo que equivale a un recorte del 7% al 16% de la capacidad porcina nacional.

«El papel lo aguanta todo; el ganadero no»

La organización agraria Asaja celebra que la Justicia haya detenido lo que consideran un ejercicio de «demagogia legislativa» y puso “negro sobre blanco” lo que era evidente en el campo: “El papel lo aguanta todo, pero el ganadero no”.

«Es inadmisible que la Administración intente vender como ‘inocua’ una medida que ataca directamente la rentabilidad de nuestras explotaciones profesionales. Esta frase nos da oxígeno y tiempo, pero debemos permanecer vigilantes. La Administración ha recibido un golpe, pero Continúa la presión ideológica sobre la ganadería intensiva. Al menos, a partir de ahora, saben que no pueden legislar de espaldas a la calculadora ganadera sin que la Justicia se lo pare», afirma Asaja.