Precisamente sobre este último punto ha habido desacuerdos en el seno del Gobierno. Según ha podido saber ABC de fuentes cercanas al Ministerio de Economía, el departamento que dirige Carlos Corpus notificó a Montero en una nota interna que la sanción del IVA prevista iba a provocar un aluvión de denuncias en los tribunales con altas probabilidades de éxito. Fuentes extraoficiales confirmaron a este diario que esta obligación en la norma puede calificarse como ‘ilegal’.

Hasta ahora, Montero no ha rectificado esta parte de la norma, aunque lo ha hecho con el volumen de corte para ser considerado un operador fiable: desde un millón de litros -al alcance de muy pocos- a medio millónlo que permitiría que muchas de las medianas empresas fueran catalogadas por Hacienda como fiables. Por ello, según ha podido saber ABC, Hacienda tiene previsto esta semana o principios de la próxima ampliar la lista de operadores fiables, que a día de hoy sólo está compuesta por ocho empresas, tal y como informó este diario.

Hasta hoy, Repsol, Moeve, BP, Galp, Meroil, Grupo Disa, Esergui-AVIA y Dyneff son las empresas energéticas designadas como fiables por el Ministerio de Hacienda, mientras que el resto de las casi 50 operadores del mercado quedan fuera. Fuentes del sector indican a este periódico que algunos de estos operadores se han planteado presentar quejas porque afirman cumplir con las características solicitadas, aunque son conscientes de que un proceso contencioso administrativo lleva años y «se colapsarán mucho antes» como consecuencia de la nueva normativa.

Algunas de estas empresas, añaden las fuentes, consideraron, incluso antes de conocer la lista, pedir a un tribunal «medidas muy cautelares» para suspender la norma.

El nuevo requisito tributario que entró en vigor a principios de este año forma parte de un paquete de medidas impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar control del IVA en el sector de hidrocarburos, uno de los más expuestos históricamente a prácticas de fraude. La norma introduce una distinción entre los operadores considerados «confiables» y los que no tienen esa calificación, estableciendo obligaciones adicionales para estos últimos con el objetivo de garantizar la recaudación del impuesto.

La figura del operador fiable ha sido concebida por Hacienda como un filtro administrativo. Sólo han accedido a él empresas que cumplen una serie de requisitos objetivos, entre ellos estar inscritos en los registros correspondientes, acreditar un volumen mínimo de actividad, haber operado como mayoristas durante los últimos años y demostrar solvencia financiera. El reconocimiento le permite seguir operando bajo el régimen habitual del IVA, sin anticipos ni garantías extraordinarias.

La normativa establecía un periodo transitorio para que las empresas solicitaran y obtuvieran esta calificación, periodo que finalizó el 31 de enero, durante el cual la Administración debía analizar la documentación presentada y comunicar qué operadores se acogían a uno u otro régimen. Sin embargo, una vez transcurrido este plazo, la ausencia de resolución expresa tiene efectos automáticos: los operadores que no hayan sido reconocidos formalmente como confiables quedan sujetos a la sistema de anticipo de impuestos.

Desde el punto de vista del sector – añaden las fuentes -, el impacto de la medida va más allá del objetivo antifraude. El mercado mayorista de combustibles opera con márgenes ajustados y un alto volumen de operaciones diarias, lo que convierte cualquier anticipo de impuestos en un factor crítico para la liquidez y las operaciones. Además, la aplicación de la norma coincide con un proceso de reordenación del sector tras cambios normativos previos que eliminaron la figura de los intermediarios y reforzaron la venta directa a estaciones de servicio.