SEVILLA 22 de diciembre (EUROPA PRESS)-

Este lunes la Policía Nacional desarticuló en Sevilla una organización criminal internacional presuntamente dedicada a la trata de personas entre Colombia y España. La operación se ha saldado con ocho detenidos, entre ellos los principales autores.

Según una nota enviada por el Cuerpo, la red reclutó a mujeres y hombres necesitados en su país de origen y les ofreció un «paquete de viaje» para llegar a nuestro país, asumiendo así una deuda que podría ascender a 5.000 euros. Los agentes han podido acreditar que al menos 22 personas han entrado en España de esta forma.

La investigación se inició tras el análisis de información recabada durante un operativo policial realizado en 2024 contra una red criminal dedicada a la trata de personas. La información reveló la existencia de otra organización criminal perfectamente estructurada, con base en Sevilla, dedicada al traslado irregular de un gran número de ciudadanos colombianos a España.

Los agentes descubrieron que la red criminal operaba tanto en España como en el país de origen de las víctimas. En Colombia tenían miembros especializados en reclutar personas en extrema necesidad. Aprovechando esa vulnerabilidad, les ofrecieron la posibilidad de viajar a nuestro país para realizar trabajos relacionados con el cuidado de personas dependientes o en el ámbito de la restauración.

Para ello, la organización ofreció un «paquete de viaje» que incluía el viaje en avión a España y la supuesta permanencia en el país, adquiriendo con ello una deuda financiera que oscilaba entre los 4.000 y los 5.000 euros. Las víctimas, tanto mujeres como hombres, viajaban haciéndose pasar por turistas y recibían instrucciones precisas para pasar los controles fronterizos, así como dinero en efectivo que debían devolver inmediatamente a su llegada.

Una vez en España, los miembros de la red actuaron como agencia de colocación, encargada de encontrar trabajo a las víctimas. Los puestos de trabajo ofertados se centraban en el ámbito de la atención a personas en la provincia de Sevilla o en el sector de la restauración en la provincia de Cádiz.

En este último caso, los explotadores también aportaban documentación externa -de personas regularizadas o vinculadas a la organización- para poder darse de alta en un trabajo irregular, que se alquilaba por 200 euros al mes. Los titulares reales de la documentación también se beneficiaron posteriormente de las prestaciones por desempleo generadas.

En los casos en que las víctimas no podían pagar las deudas contraídas, la organización criminal recurrió a amenazas directas contra sus familiares en Colombia. Varios de ellos se vieron obligados a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias.