el documento de PÁGINAS insta al Gobierno a adoptar siete medidas que deben contribuir a la dinamización de la actividad económica y a la desestacionalización de la demanda turística en multitud de zonas repartidas por toda España durante los periodos de menor ocupación o temporada baja, garantizando la capacidad de mantenimiento del personal y la no destrucción de puestos de trabajo en nuestros destinos turísticos.

La primera de las medidas propuestas por el PP va en línea con el objetivo de garantizar «la implantación de un nuevo marco global para la actualización y mejora de las condiciones de contratación de las convocatorias de las próximas temporadas de los programas de Turismo Social para personas mayores y de mantenimiento en zonas turísticas, así como Termalismo del Imserso, que posibilita, entre otros, la aplicación de precios razonables con valores de mercado, cubriendo inexcusablemente los costes reales de producción de los servicios a prestar, considerando el importante incremento generalizado de los costes laborales, de alimentos y bebidas, sobrecostes energéticos, etc., experimentado en los últimos años.

Y para el colectivo popular, los programas de Turismo Social del Imserso han constituido a lo largo de los años, desde hace varias décadas, una política pública de enorme valor social, económico y cultural, que hoy ya no lo es. Creado en 1985, el programa Turismo Social En él participaron más de 300 establecimientos hoteleros de España, la red de agencias de viajes minoristas españolas, el amplio sector de la restauración y cafetería, empresas de transporte, locales de ocio nocturno y el resto de la oferta turística complementaria. Todo ello supuso la creación de 100.000 puestos de trabajo, con una facturación directa e indirecta de unos 600 millones de euros cada temporada.

Mientras, el programa Termalismo, en el que participan más de 80 balnearios -en la temporada 2025- genera alrededor de 10.000 puestos de trabajo, de difícil absorción por otras áreas productivas, sin perder de vista su carácter dinamizador de otros sectores como la hostelería, el comercio de proximidad u otros servicios complementarios. En su conjunto, se trata de un programa con un impacto económico muy superior en cada edición a los 110 millones de euros y donde diversos estudios calculan que por cada euro que invierte el Estado recupera alrededor de 2,5 euros.

Por ello, en el PNL del grupo parlamentario popular pide al Gobierno «ampliar el alcance y oferta del número de plazas y pernoctaciones a generar tras la reducción de plazas prevista en la actual temporada, descartando en todo caso en el futuro la aplicación de complementos o recargos abusivos e injustificados a los pensionistas, como está ocurriendo en la actual temporada».

Adaptar el programa a cada segmento de la población

La batería de medidas propuestas por los partidos populares exige también que el programa cumpla «eficazmente» los calendarios y plazos de ejecución mediante una «planificación adecuada y eficiente» que evite «daños operativos y pérdidas de facturación» por retrasos o «retrasos recurrentes en la gestión de los programas». A juicio de los populares, también sería conveniente «enriquecer la programación de la oferta y experiencias» abogando por desconcentrarla territorialmente y diversificar los productos para que sean más competitivos en calidad y se adapten «a los gustos y preferencias específicas de este segmento de la población». Como quinta medida, destaca también el establecimiento «con absoluta transparencia» del acceso a los programas, de forma que se favorezca «una rotación más equitativa y justa en el disfrute de estos recursos».

Por su parte, la sexta de las medidas incluidas en el PNL Está dirigido a beneficiarios del programa que viven en islas no capitalinas. Para ellos, se propone que el programa se haga cargo de los costos de las transferencias, «con el fin de abordar el diferencial económico, evitando desigualdad de oportunidades o agravios por lugar de residencia». En paralelo, el PP propone fomentar la programación desde estas islas donde ya existe oferta de vuelos y conectividad con la península, «contribuyendo tanto a la reducción de gastos como a razones de mayor operatividad y comodidad para los casos de personas mayores residentes en islas no capitalinas».

Finalmente, el PP insiste en que «cualquier aspecto que pueda ser revisado o actualizado» debe ser «abordado y negociado a tiempo y de forma constructiva» con todos los agentes que trabajan directa o indirectamente con el programa (hoteles, balnearios, empresas de transporte, agencias de viajes…) en un momento en el que numerosas empresas exigen una reconstrucción profunda del programa.