En España la sanidad se encuentra en un momento delicado. Actualmente hay más hospitales privados que públicos.y más de la mitad de ellos, un 58%Tienen conciertos con la salud pública. Madrid, Baleares y Cataluña lideran este proceso de privatización mientras se desmantela la sanidad pública. El resultado es que en estos hospitales privados, un tercio de las operaciones del país y casi una cuarta parte de las consultas especializadas.

Y no sólo eso: en especialidades como oncología médica, cardiología o neurocirugía, El 75% de los médicos dedica parte de su tiempo a trabajar en la práctica privada. La consecuencia es clara: menos profesionales disponibles, más presión para los que se quedan y pacientes que esperan más.

El negocio privado, además, es mucho más caro. Financiar un tratamiento en el concertado puede costar hasta seis veces más que en el público. Por ejemplo, los costos de la cirugía de cataratas. 818 euros en la pública y 3.529 en la privadamientras que una operación de hernia cuesta casi 3.400 euros en lo acordado, frente a los 700 del público.

La salud pública invierte 2.176 euros por habitante al añomientras que el sector privado sólo gasta 779€. Sin embargo, muévete 35.000 millones de euros al añocasi el 3% del PIBy sigue creciendo: en la última década, la sanidad privada ha sumado 3,7 millones de aseguradosla mitad de ellos después de la pandemia.

Hoy, uno de cada cuatro españoles tiene un seguro privadoy por cada día extra de espera en el médico de cabecera, 289.000 personas optan por contratar unosegún la Federación de Asociaciones de Defensa de la Salud Pública. Madrid lidera la penetración del seguro privado con 37,5% de la población cubiertaseguida de Cataluña (31,8%) y Islas Baleares (30,8%).

Pero privatizar mal tiene consecuencias directas. La Comunidad de Madrid tuvo que inyectar 33 millones de euros este verano para mantener operativo el Hospital de Torrejónmientras que en la Comunidad Valenciana, el Hospital de Alcirapionera en la gestión privada, acumula pérdidas superiores a 70 millonesobligando a un rescate público. El costo por habitante pasó de De 225 euros a 750 hasta 2018y aun así se volvió a conceder la explotación a la misma empresa.

Los sindicatos advierten de que este modelo prioriza el beneficio para la salud de los pacientes. «Intentan obtener beneficios de muchas fuentes, incluidas las condiciones de los trabajadores, y eso impacta directamente en la calidad de la atención que recibirá el paciente», explican. El sistema privado se centra en curar cuando ya hay enfermedadno en prevención. Las patologías complejas o la rehabilitación están fuera de su interés, y la prevención, como defendían las mareas blancas, no es negocio.

El resultado es más listas de espera, más presión sobre los profesionales, más rotación de pacientes y menos tiempo de tratamiento. Y el que puede, se hace privado; Los que no lo hacen quedan excluidos. Por tanto, una privatización mal planificada no sólo sale caratambién genera Desigualdad y riesgos para la salud de todos.. La lección es clara: La asistencia sanitaria es un derecho, no un negocio.y priorizar el beneficio económico sobre la atención de calidad tiene consecuencias directas que todos pagamos.

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