pagos por información confidencial para sabotear causas contra el Gobierno
A primera hora de este miércoles 27 de mayo, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron en la sede nacional del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, en la vivienda en Milagro (Navarra) del que fuera número 3 del partido Santos Cerdán y en la empresa del histórico dirigente del PSOE Andaluz Gaspar Zarrías (Zaño Sociedad Consultora) por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
[–>[–>[–>Se trataba de requerir documentación (en el caso de Ferraz la diligencia se extendió durante casi doce horas) sobre supuestos pagos realizados desde el partido a miembros de una trama liderada presuntamente el último secretario de Organización con el objetivo de obtener información confidencial de jueces, fiscales e investigadores policiales que pudiera servir para sabotear las causas judiciales que rodean al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
[–> [–>[–>El denominado ‘caso Leire’ ya se investigaba desde hace meses en un juzgado de Madrid, pero las nuevas pesquisas, derivadas del análisis de los dispositivos electrónicos incautados a la ex militante socialista Leire Díez en el marco del ‘caso Sepi’ le dan una nueva dimensión y apuntan directamente a cargos del partido como es la actual gerente, Ana María Fuentes. Estas son las claves y los protagonistas del último golpe judicial contra el partido en el Gobierno:
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La presencia de los agentes de la UCO en la sede socialista de Ferraz se extendió durante casi 12 horas por orden del juez Pedraz, que realizó hasta 19 requerimientos de información o bien un registro en el caso de que desde el partido no se colaborara. La duración de la diligencia quizá tuvo que ver con lo prolijo del encargo, que incluía el volcado de correos electrónicos de personajes clave como son la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, del propio Cerdán y del que fuera responsable de Comunicación del PSOE Ion Antolín.
[–>[–>[–>También se accedió a los correos de dos secretarias de la Gerencia que son responsables de los pagos dentro de la formación, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, las mismas que están implicadas en las entregas de efectivo al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García que investiga otro juez de la Audiencia Nacional
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Por otro lado, se pidió información muy detallada sobre el registro de entradas y salidas (a pie o en vehículo) durante 2024 y 2025, de diferentes personas, entre las que se encontraría la propia Leire Diez y varios abogados vinculados a gestiones para tratar de afectar a las causas judiciales, además de otros personajes de carácter heterogéneo como es Carmen Pano, la empresaria que reconociendo en varias instancias judiciales que acudió en dos ocasiones a Ferraz para entregar un total de 90.000 euros en efectivo.
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[–>Otras personas que Pedraz quiere saber si entraron a Ferraz para planear actuaciones contra los jueces son el socio de Cerdán, Antxon Alonso, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero; el que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y presidente de Correos Juan Manuel Serrano y el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando.
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También quiere conocer el juez la presencia en Ferraz de Zarrías, de abogados implicados en esta trama e incluso del excomisario José Manuel Villarejo, dex director general de Seguridad con el PP Francisco Martínez o de Nervis Villalobos, quien fuera viceministro de Energía de Hugo Chávez, entre otros. Lo requerimientos incluyen información sobre pagos y viajes a estas personas desde el partido, que se apunta pudieron sustanciarse mediante facturas falsas.
[–>[–>[–>Antonio Hernando declarando ante el juez del caso Leire / EP
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El magistrado dirige el procedimiento contra la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al considerarla, «al menos, cómplice» de facturas mendaces que habrían servido para justificar pagos a Díez y otra de las colaboradoras de la trama. En cuanto a Santos Cerdán, según el juez «habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido» y para ello contó con Leire Diez, el empresario con varias causas abiertas en la propia Audiencia Nacional Javier Pérez Dolset y el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, a quien se acusa utilizar su empresa como vehículo para pagar hasta 16.000 euros a la entonces aún militante socialista.
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Otros imputados son los abogados Ismael Oliver — el primer defensor de Koldo García en el caso ya juzgado en el Tribunal Supremo– y Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Santos Cerdán en la causa que motivó su ingreso en prisión como jefe de otra trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Completa la lista el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022, y que está imputado en el caso hidrocarburos.
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Aunque no se encuentran entre la lista de imputados, Pedraz también apunta en el auto de entrada en la sede del PSOE al diputado por Jaén Juan Francisco Serrano, quien al ser aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo; y a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y luego presidente de Correos. Les atribuye por el momento la «ejecución de concretos y aislados actos en auxilio del ilícito plan», si bien aún no concreta su responsabilidad penal.
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En cuanto a los delitos, varían en función de las actividades desarrolladas por cada uno de ellos, son la organización criminal, varios cohechos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil (por emisión de facturas falsas), prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
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El presidente Sánchez aparece mencionado más de una decena de veces en el auto del juez, que incluye una mención expresa a la ‘carta a la ciudadanía’ en la que el presidente Pedro Sánchez se planteaba su permanencia en el Gobierno tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. «Es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte del Santos Cerdán se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz», señala Pedraz, que sitúa esta cita dos días después de la misiva del presidente.
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Agrega que la reunión es comunicada por Leire Díez al hoy expresidente de la Sepi Vicente Fernández — imputado en la parte de la causa relativa a los amaños en contrataciones públicas– cuando le comunica «me voy de urgencia a Madrid (…) me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente», continúa la resolución.
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El auto recoge otra mención que el empresario Javier Pérez Dolset, en compañía de Leire Díez, le habría trasladado en una reunión al fiscal Stampa, de quien buscaban (sin éxito alguno) que les diera datos sensibles del jefe Anticorrupción Alejandro Luzón: “Sale la imputación de Begoña Gómez, la mujer del Presidente (…) entonces el Presidente ya dijo, que se limpie todo». En otra conversación, la autodenominada ‘periodista’ alude a que Santos Cerdán habría trasladado “por orden del one” que el escándalo de la trama hidrocarburos, que en ese momento acababa de estallar, debía ser una “línea prioritaria” de la organización.
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Pedro Sánchez se dirige a los trabajadores del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, acompañado de la responsable de la formación progresista: la rondeña Ana Fuentes. / PSOE / LMA_EXTERNAS
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Según detalla el auto de Pedraz, que se extiende a lo largo de 50 páginas, las actividades de esta trama incluyeron el ofrecimiento a funcionarios de la guardia civil, investigados y fiscales de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos, “se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores”, en concreto con las juezas Beatriz Biedma (Hermano de Sánchez) y Mercedes Alaya (ERE de Andalucía); y con el instructor Juan Carlos Peinado (Begoña Gómez).
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Además, trataron de que la empresaria que ha asegurado varias veces ante la justicia haber llevado 90.000 euros a la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz, Carmen Pano, cambiara su versión; para ello le ofrecieron 50.000 euros.
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Por otro lado, prepararon 300.000 euros para intentar extorsionar al entonces fiscal Anticorrupción José Grinda, que sentó en el banquillo de los acusados a Pérez Dolset por el caso de corrupción Zed Worldwide. En el propósito de desprestigiar a este fiscal también participó el abogado Ismael Oliver, cuyo cliente Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, fue investigado en los casos Duro Felguera y Columbus por este fiscal.
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Por otra parte, y en una diligencia nada habitual, agentes de la UCO entraron en la Dirección General de la Guardia Civil para requerir información sobre oficiales que habrían filtrado datos del operativo en torno al PSOE. Uno de ellos sería Juan Sánchez Yepes, que buscaba trapos sucios para neutralizar al jefe del área de investigación económica de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas. El otro implicado sería el comandante Rubén Villalba, exmiembro de la Jefatura de Información también investigado por facilitar a los miembros de la trama Koldo ‘teléfonos seguros’ y a quien Leire Díez también intentó captar en al menos dos reuniones mantenidas entre ambos.
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