El Gobierno español se salva de perder el Instituto Cervantes de Utrecht por el impago de las indemnizaciones concedidas a las empresas afectadas por el recorte retroactivo de las primas de las renovables. El Gobierno de Países Bajos ha levantado «inmediatamente» la solicitud de embargo sobre el edificio que alberga la sede del Instituto Cervantes en la ciudad de Utrecht desde «es contrario a las obligaciones del Estado holandés en virtud del derecho internacional», ha asegurado la secretaria de Estado de Justicia y Seguridad de Países Bajos, Claudia van Bruggen.

En abril, la Justicia de los Países Bajos autorizó la incautación del inmueble para eEl impago de la deuda que arrastra España por el «caso Eurus», la filial de energías renovables de Toyota. El embargo fue autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya, que el 19 de marzo concedió la ejecución en Países Bajos de los laudos arbitrales dictados a favor de Toyota. Sobre esta base, y después de que España fuera notificada formalmente el 20 de abril sin el pago de la indemnización correspondiente, el 24 de abril autorizó la inmovilización ejecutiva del inmueble al considerar queNo constituía «un órgano indispensable para la acción diplomática española».

Entonces, Cervantes aseguró que su actividad continuaría a pesar de esta decisión. Ahora bien, el Gobierno neerlandés explica que en el caso de medidas relativas a bienes de un Estado extranjero, una presunción de inmunidad. «Esto significa que las medidas de ejecución contra bienes de Estados extranjeros están excluidas, a menos y en la medida en que el Estado haya consentido expresamente en la adopción de tales medidas, haya designado o reservado bienes para satisfacer las reclamaciones pertinentes, o haya establecido que dichos bienes son utilizados o pretenden ser utilizados por el Estado para fines distintos de los gubernamentales no comerciales», afirma.

El Instituto Cervantes de Utrecht está situado en el centro histórico de la ciudad y tiene un valor cercano a los 10 millones de euros. Junto a esta victoria, a finales de junio un tribunal federal de Estados Unidos rechazó que los acreedores internacionales del Estado puedan perseguir bienes vinculados a la selección española -hasta ahora foco de posibles embargos- al considerar que ni el equipo ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pueden identificarse legalmente con el Reino de España.

A pesar de esto, España vive desde hace meses numerosos reveses judiciales ligados a las primas de renovables y tiene millones de euros bloqueados y numerosos activos embargados. En total, España debe 2.344 millones de euros a empresas que sufrieron la retirada retroactiva de primas de renovables y vienen sufriendo impagos continuos de estas sentencias.