El problema es que muchos políticos han decidido explicar la vivienda como si fuera una materia que conocen perfectamente, aunque nunca hayan tenido que aprobarla en la vida real. Actúan como profesores de una materia que apenas han practicado, dan clases magistrales sobre cómo debe funcionar el mercado y, luego, exigen a quienes construyen, financian, procesan, comercializan y entregan viviendas que apliquen una teoría que en la práctica es incompleta, lenta, costosa y, con demasiada frecuencia, contradictoria.

Es fácil hablar de vivienda desde un atril… Pero es mucho más difícil generar vivienda a partir de un terreno, con licencias, financiación, costes de construcción, inseguridad jurídica, impuestos, plazos administrativos y compradores que necesitan soluciones reales. Desde la teoría todo parece ordenado. En la práctica, sin embargo, cada decisión política mal diseñada acaba teniendo consecuencias muy concretas.

Estamos cansados ​​de que se culpe a los profesionales del sector de una situación que no hemos creado nosotros solos y que, por supuesto, no se puede resolver sin nosotros. Se señala al promotor, al propietario, al inversor, al intermediario o al empresario inmobiliario como si fueran el único origen del problema. Esa caricatura puede ser útil para construir una historia política, pero es muy poco útil para construir hogares.

Mientras tanto, el verdadero obstáculo para miles de jóvenes y familias sigue exactamente en el mismo lugar. No siempre está en la cuota mensual. Está, sobre todo, en la entrada. Hoy hay trabajadores con ingresos estables, parejas con capacidad de pago y familias que podrían permitirse una cuota razonable que, sin embargo, cuando quieren comprar se encuentran con una barrera inicial que puede requerir 35.000, 40.000 o 50.000 euros entre aportación propia, impuestos y gastos asociados. Ése es el muro que muchos discursos prefieren no enfrentar.

¡Qué paradójico! El sistema acepta que una persona pague un alquiler elevado durante años, pero exige un ahorro previo muy difícil de acumular para convertir ese esfuerzo mensual en propiedad. Se pide ahorrar a la vez que se paga el alquiler, pagar impuestos desde el primer día, asumir un pago inicial elevado y, además, escuchar cómo la política promete soluciones de futuro encareciendo el presente.

En Cataluña, como en muchas otras comunidades autónomas, la fiscalidad asociada a la compra de una vivienda tiene un peso decisivo. Cuando una primera vivienda de 150.000, 180.000 o 200.000 euros requiere una aportación del 20% más impuestos y gastos, se bloquea el acceso antes incluso de llegar al banco. Y, sin embargo, el debate público sigue centrándose en encontrar culpables que sean más visibles que incómodos. Revisar los impuestos requiere valentía y asumir errores requiere una madurez política que pocas veces se ve en este debate.

Es especialmente grave que la vivienda se utilice como herramienta electoral. Se crean mensajes dirigidos a jóvenes, inquilinos o colectivos con menor capacidad de ahorro, prometiéndoles protección frente a supuestos adversarios, cuando muchas veces esas mismas políticas acaban alejándoles aún más de la posibilidad de comprar o alquilar en condiciones razonables. La política ha convertido la vivienda en una historia más que en una política pública eficaz. Y cuando la historia es más importante que los datos, las soluciones suelen llegar torcidas.

Es como si alguien quisiera enseñar navegación desde una pizarra sin haber estado nunca en un barco en medio de una tormenta. Sobre el papel todo parece sencillo. En el mar, cada ola cambia la teoría. En vivienda ocurre exactamente lo mismo: quien no ha tenido que comprar suelo, pedir financiación, soportar meses de trámites, negociar con las administraciones y responder a los compradores puede permitirse discursos muy limpios. Cualquiera que trabaje en el sector sabe que cada frase política aparentemente brillante puede traducirse luego en meses de retraso, más costes y menos viviendas disponibles.

Si realmente se quiere facilitar el acceso a jóvenes o familias con poca capacidad de ahorro hay que actuar directamente en la entrada. Ahí está el bloqueo y ahí debe estar la prioridad. Pero para ello debemos abandonar la comodidad de culpar al sector y empezar a gobernar con rigor. Es necesario entender que el hogar no aparece a través de una entrevista o una rueda de prensa.

La vivienda necesita menos ideología y más precisión. Pero sobre todo, menos discursos para ganar votos y más medidas para que una persona que puede pagar una hipoteca no se quede fuera por no tener unos ingresos imposibles. La dificultad de acceder a la vivienda se resuelve entendiendo la realidad económica de quienes quieren comprar y la realidad operativa de quienes pueden generar vivienda. Todo lo demás puede ayudarte a ganar un debate político, pero difícilmente ayudará a que alguien abra la puerta de tu casa.

Enric Jiménez Es director general del Grupo Somrie.