Es suficiente que el Ministerio de Agricultura tome la decisión y, a partir de octubre, es cuando comienza la campaña de recolección de olivos, miles de agricultores en España podrían enfrentar la obligación de retener una parte de su producción de aceite de oliva y salvarlo para el año siguiente o venderlo a la industria no alimentaria. Será el departamento dirigido por Luis Planos que tomará la decisión de qué categorías de oro líquido o regiones afectan la medida, y las comunidades autónomas que garantizarán el cumplimiento de él, con ella Multas por violación.

Este esquema, que constituye el primer mecanismo de intervención del sector que se recuerda, es el que el gobierno prepara para lanzar si, como se estima, durante la próxima campaña, la producción llega a cifras que colocan miles de olivos antes de la posición de vender en pérdidas.

El ejecutivo fue lanzado por decreto esta capacidad en el año 2021, que cubre en el principio constitucional que le da al estado exclusividad en la planificación económica, aunque hasta ahora no había necesitado usarlo. No había razón. Entre 2022 y 2024, el sector enfrentó una crisis de producción que llevó al litro de aceite de oliva virgen extra de más de diez euros en supermercados.

Sin embargo, tres meses después de que comience la próxima cosecha, la situación es muy diferente. Con un saldo de 1,4 millones de toneladas producidas, un 40% más que el año anterior, la campaña 2024/2025 marcó el inicio de la recuperación. Es cierto que los datos son solo un 17% más altos que el promedio de la última década, pero otras circunstancias que insinúan que habrá sobreproducción esta caída de acuerdo. Por ejemplo, las buenas condiciones climáticas de los últimos meses, o esa demanda mundial está estancada de alrededor de tres millones de toneladas por año; y los expertos consultados por ABC advierten que no aumentará en el futuro cercano.

Durante meses, los productores se han quejado de los precios, que son alrededor del 50% más bajos que los de 2024. De hecho, los sindicatos agrarios han sido los más activos para solicitar la activación del dispositivo previsto en el Decreto Real 84/2021. Bueno, el 18 de junio, el ministerio escuchó esa solicitud e inició el proceso de consulta pública antes de la aprobación de la orden ministerial que permitirá al gobierno intervenir el mercado. Consultó las comunidades autónomas y otras partes interesadas, antes del 31 de octubre, la agricultura debe tomar una decisión.

Como se explica a ABC Manuel Parraque es un investigador de mercado de Oleico, el éxito en la decisión tomada por las planas dependerá del uso de datos «científicos» para hacer predicciones de costos de precio y futuras. Este experto los hizo, junto con un equipo de la Universidad de Jaén, y concluyó que en España hay 650,000 hectáreas de Olive Grove (más de un total de 2.7 millones) ‘vulnerables’; Es decir, insostenible por debajo de 3.2 euros por kilo en origen. Bueno, según los datos de Poolred, entre el 23 y el 29 de junio, el promedio era de 3.50 euros.