La presentación de una denuncia por parte de Podemos Canarias contra el grupo escultórico de Juan de Ávalos en Santa Cruz de Tenerife ha desatado duras críticas por parte de la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico de San Miguel Arcángel (Aipphsma).

Podemos acusó al Ayuntamiento de Santa Cruz -en manos del Partido Popular y Coalición Canaria (CC)- de llevar a cabo una estrategia deliberada de dilación para mantener el llamado «monumento a Franco» y presentó una denuncia ante la Fiscalía por lo que considera un posible delito de «prevaricación, falsificación documental y omisión».

Ley de Memoria Democrática

La diputada de Podemos en el Congreso por la provincia de Las Palmas, Noemí Santana, señaló que su partido entiende que se está vulnerando la Ley de Memoria Democrática con la connivencia no sólo del Consistorio, sino también del Gobierno de Canarias, por lo que también Se «reservan» la posibilidad de denunciar por idénticos motivos. Mantener vestigios franquistas en espacios públicos contraviene lo que indica la normativa de octubre de 2022, recordó Santana.

Por ello, ha insistido en pedir a las instituciones que deben retirarlo que no ignoren el «marcado carácter franquista» de la obra del escultor del Valle de los Caídos para que dejen de buscar «entresijos jurídicos» a través de «informes falsos».

Podemos vincula esta supuesta estrategia a que quienes gobiernan en el Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, CC y PP, no quieren incomodarse ni quieren hacerlo con sus «posibles y futuros socios» de Vox.

Bien de Interés Cultural

El presidente de Aipphsma, Luis Sosa Tolosa del Valle –también concejal de Vox en el municipio de Chicharrero– ha derribado estos planteamientos con unas declaraciones en las que deja claro que la obra de Ávalos está inmersa, desde 2021, en un proceso judicial para su declaración como BIC (Bien de Interés Cultural).

El concejal recuerda que han sido «concedidas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, medidas cautelares que hacen» que el monumento «ya es un bien protegido, al menos hasta la finalización del proceso».

Estas medidas, señala Luis Sosa, «le protegen de cualquier actuación», por lo que «ni siquiera el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ni ninguna administración es capaz de actuar en modo alguno sobre el monumento.

El presidente de Aipphsma deplora además que «los podemitas también hablan de denunciar al Gobierno de Canarias» por «la aplicación indebida de la Ley de Memoria a partir del «catálogo de vestigios» elaborado por el Gobierno de Canarias en la anterior legislatura, y no lo debían saber Este catálogo fue primero suspendido y luego anulado por sentencia judicial. y que actualmente no existe catálogo vigente en Canarias.

El concejal afirma además que los «informes falsos» a los que se refiere Podemos no son más que «estudios histórico-artísticos, prestigiosos informes jurídicos y peritajes que acreditan el indudable valor artístico de la obra, que no infringe ninguna ley, ya que en ella no hay elementos que la contravengan y que, por tanto, debe ser protegida», que «es lo que siempre ha defendido esta asociación por el interés patrimonial que tiene para todas las Islas Canarias».

«Cumplir su voluntad»

«Para ellos», asegura, «el único argumento es su odio visceral e irracional al pasado y su total falta de proyecto y de futuro, por lo que tienen que estar alimentando su discurso para complacer a sus feligreses, aunque no está sustentada ni jurídica ni históricamente, «pretendiendo ir contra las administraciones para que hagan su voluntad».

Todo esto con «desconocimiento de la Situación jurídica del monumento y su protección actual en el expediente de declaración BIC y, para colmo de dislocación, se anula el catálogo que piden aplicar”, concluye Luis Sosa.

Medida cautelar «mientras se discute su valor»

En julio de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife condenó al Cabildo Insular a abrir un expediente para su conversión en BIC, al entender que el monumento a Juan de Ávalos «goza de un valor artístico y cultural que lo hace merecedor de dicha declaración».

El conjunto es uno de los más de 70 símbolos considerados franquistas que habían sido incluidos en el catálogo de Santa Cruz, aprobado en el anterior mandato (PSOE-Cs) y anulado por el actual Ejecutivo (CC-PP).

Aquella sentencia resolvió el recurso interpuesto por Aipphsma, que fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), suspendiendo la decisión de la Corporación insular y estableciendo protección cautelar de la escultura «mientras se discute el fondo del asunto», es decir, su posible interés cultural. La Corporación insular intentó mantener su decisión, por lo que interpuso recurso de apelación, pero el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del TSJC.