La cultura suele vivir al borde de la insuficiencia. Depende a menudo de presupuestos inestables, de los cambios de ciclo o de la inercia administrativa. Esa fragilidad crónica -que también afecta a la investigación científica o la acción social- es impropia de una sociedad madura como la española, que no puede confiar exclusivamente en la administración pública para proteger aquello que considera valioso. También necesita mecanismos estables que permitan a ciudadanos, empresas y fundaciones implicarse en proyectos de interés colectivo.