Una de las pocas cosas en las que parece haber un consenso generalizado este verano y después de las recientes negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos en asuntos arancelarios, es la necesidad de tener una UE fuerte y competitiva para enfrentar desafíos geopolíticos y un mundo muy polarizado. En este contexto, España no puede perder la oportunidad de posicionarse como un país que se refiere dentro y fuera de la UE como un puente hacia América Latina y África del Norte. La frágil mayoría parlamentaria de la mayoría del gobierno de coalición agregó a la falta de regulación que genera certeza es un factor de riesgo para nuestra economía.

España es el cuarto poder económico detrás de Alemania, Francia e Italia. La economía española crece gracias a las reformas económicas que se hicieron durante el gobierno de Rajoy después de la gran crisis de Lehman Brothers de 2008. Esta declaración no es gratuita, porque hasta el prestigioso periódico ‘The Economist’, se colocó en diciembre pasado a nuestro país a la cabeza de la lista de economías más prósperas en el mundo. El periódico Anglo -Saxon atribuyó esta situación «en gran medida a las reformas del sistema financiero y el mercado laboral promovidos por el gobierno conservador anterior durante la Gran Recesión», agrega «su economía está cosechando los frutos de las reformas pasadas».

En 2024, España fue uno de los países europeos que más creció (2.5%), por encima de Alemania (0.2%) y Francia (0.9%), según Eurostat. Pero los datos menos conocidos (y que ahora se están abordando precisamente con la reforma de la reducción de la jornada laboral) es que la productividad por hora trabajada en España es un 14% menor que el promedio europeo, lo que cuestiona la sostenibilidad de estos buenos datos sin emprender más reformas estructurales. También tenemos que mirar nuestras exportaciones: han mostrado una moderación creciente que debería preocuparnos: después de un récord en 2022, el sector cerró 2023 con una caída de 1.4 %, y aunque en 2024 creció un 0.2 %discreto en un valor, en unidades reales registró una contracción de 1.5 %. La recuperación registrada en el primer trimestre de 2025 no ha compensado el deterioro de los antecedentes. La fuerza de exportación de España enfrenta costos de energía y regulación crecientes.

Una de las amenazas a la economía que mencionan numerosos informes, como la libertad y la prosperidad en el estudio World 2024, preparado por el Consejo Atlántico, es la hiperregulación, la incertidumbre regulatoria y la creciente presión fiscal. El análisis indica que el uso excesivo de decretos, tanto a nivel nacional como autónomo, reduce la previsibilidad legal y aumenta el riesgo de inversión. Según el índice de confianza de Kearney, estos datos también son compatibles, por ejemplo, España cayó de 9 a 11 en los destinos de inversión global, según el índice de confianza de Kearney. La hipergulación, la presión fiscal, la inestabilidad normativa y política se indican nuevamente como factores clave que explican este revés contra otros países como Italia.

En este contexto de incertidumbre, la mayoría frágil se agrega en el Congreso que está generando una gran parálisis legislativa. Más allá de los decretos urgentes que han sido necesarios en las diferentes crisis (como en el Dana), el gobierno solo ha logrado aprobar cinco leyes en lo que hemos sido. Hay algunos relevantes para el ejecutivo, como el que reforma el sistema de justicia, pero la mayoría permanece en un cajón, ampliando los plazos de enmienda. El gobierno no ha logrado traer al Congreso algunos presupuestos de 2025. Tampoco tiene la reducción de la jornada laboral o la ley de atención del clientela, que permanece en espera de la expansión del período de enmienda de Die del pecado o el decreto de Antiapages, que no se negó a obtener un apoyo suficiente en los tribunales. La fase de audiencia e información pública de un nuevo decreto real que incluía parte de esta batería de medidas contra los apagones está actualmente abierta. En la propuesta planteada por el Ejecutivo, el SIDA para la gran industria electrointense o la expansión del rango de consumo de autoevaluación ya están fuera, algunos de ellos porque necesitan más rango normativo (de ley) para poder abordar. Sánchez ha logrado aprobar en los 17 meses de legislatura menos de 15 normas contra las 89 que el Gobierno de José María Aznar o 40 del segundo gobierno de Mariano Rajoy aprobó.

El contexto político actual requiere, más que nunca, marcos regulatorios estables, reformas orientadas a la productividad y gobernanza capaces de generar confianza institucional a largo plazo. España ha demostrado en el pasado su capacidad para responder con reformas efectivas a grandes desafíos. Hoy, esta respuesta debe centrarse en una política industrial modernizada, una simplificación regulatoria real y una estrategia clara para la atracción de la inversión productiva. Recuperar una agenda legislativa coherente y reformista, con un amplio apoyo parlamentario y alineado con los objetivos de competitividad europea, no es solo una cuestión de estabilidad política: es una condición necesaria para garantizar un crecimiento económico sostenible e inclusivo en la próxima década en España. No podemos perder otra oportunidad para posicionarnos como líderes de la política europea.