Él Escándalo del hospital de Torrejón ha provocado la reacción del gobierno central. El Ministro de Salud, Mónica Garcíaquiere revertir el modelo de gestion publico-privada tal como está concebido actualmente. En concreto, se pretende conseguir que la asistencia sanitaria no sea un negocio, por lo que se propone poner freno a este tipo de colaboraciones. Aunque para que el plan se materialice necesita el apoyo del Congreso, algo que Junts parece difícilesto es lo que se sabe sobre la norma.

¿En qué consiste?

En definitiva, el Gobierno quiere que estos hospitales públicos Sólo podrán ser gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro.es decir, fundaciones que no cobran ni un céntimo. De esta forma, las ganancias salen del hospital y se reinvierten en él.

¿Qué quieres prohibir entonces?

Lo que se pretende es que los beneficios no acaben en los bolsillos de los empresarios como ocurre hoy. Precisamente, ahora la ley permite que grupos como Quirón o Ribera gestionar hospitales públicos a cambio de beneficios millonarios. Una modalidad que genera situaciones como la de Torrejón de Ardoz. De hecho, para García «lo que está desangrando nuestro sistema sanitario público es el afán de lucro de estas dos empresas: Ribera Salud y Quirón».

¿Todas las fundaciones podrán hacerlo?

Por ahora se desconoce el contenido completo de la ley elaborada por el Ministerio de Salud, sin embargo, se sabe que no permitirá la colaboración público-privada con el Fundación Jiménez Díaz. Y aunque es una fundación, está en manos del grupo Quirón, con ánimo de lucro detrás. Precisamente lo que la ley quiere prohibir.

Una afirmación que no ha gustado nada a la Comunidad de Madrid. Su ministra de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado en ‘EsRadio’ que En el Ejecutivo regional «es triste que manipulen la sanidad para atacar a la Comunidad de Madrid». Por eso habla de que el Gobierno central «es malo».

¿Cuándo entra en vigor?

Aunque no hay fecha y todavía falta presentarlo oficialmente, Se sabe que Sanidad quiere llevarlo al Consejo de Ministros a principios de 2026. De esta forma, la idea es aprobar esta nueva norma en la actual legislatura, pero el próximo año.

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