Presupuestos: Un país en prórroga
Antes de intervenir en un debate organizado por el Col.legi d’Economistes de Catalunya, ‘expresident’ Pere Aragonès, que convocó elecciones tras dar los Comuns un portazo a su proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2024, manifestaba esta semana que disponer de cuentas complica la gestión, si bien cada Ejecutivo tiene su propio punto de vista. En el mismo coloquio, otros dos ‘expresidents’ se pronunciaron sobre la cuestión. José Montilla, del PSC, ante la imposibilidad de que el Govern y del Ayuntamiento de Barcelona apruebe presupuestos para este año, apuntó a la falta de claridad de los posibles socios. Y Artur Mas, que fue ‘president’ con CiU, consideró «un fracaso» no aprobar la ley más importante del año. Y esta situación también afecta al Gobierno central, dada la fragmentación política del Congreso; y a seis autonomías del PP, como Aragón, Extremadura, Murcia, Comunitat Valenciana, Baleares y Castilla y León, por las tensiones con Vox.
Pero no es lo que piensa todo el mundo. Y es que «el presupuesto, cerrado a 31 de diciembre para el ejercicio siguiente, es una rémora del pasado que se utiliza más como herramienta de enfrentamiento político», advierte Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Y Jorge Onrubia, profesor de Economía de la Universidad Complutense e investigador de Fedea, que ha tenido que atender la curiosidad de varios periodistas franceses, extrañados por el hecho de que la reiterada ausencia de Presupuestos no haya impedido que la economía española sea la que más está creciendo entre los principales estados miembros de la zona euro, admite que la falta de cuentas no se ha dejado notar por ahora.
En su opinión de Onrubia, dos variables han minimizado por ahora los efectos: la inyección de fondos europeos Next Generation EU y el fuerte crecimiento de los ingresos tributarios (el 8% hasta noviembre). Ambos factores han permitido financiar un fuerte aumento del gasto público (del 7,8%, con datos hasta el mes de noviembre, en términos de Contabilidad Nacional)pese a operar con las cuentas de 2023. Y en Catalunya, entre enero y septiembre se registró un nivel de recaudación como antes del estallido de la crisis inmobiliaria en 2006.
“Yo creo que no tener Presupuestos es un problema. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado. Aceptamos como normal algo que no debería serlo”, opina Onrubia. Por su parte, López Casanovas recuerda que la parte de la inversión, la que suele ser la mayor víctima en las prórrogas, se puede paliar mediante los fondos Next Generation. Pero quienes han tenido que diseñar muchos presupuestos, como Martí Carnicer, que fue secretario general de Economia con el tripartito de 2003 a 2010, dicen que carecer de cuentas aprobadas «es limitativo. Los trámites e iniciativas son más lentos». Recurrir a los decretos y decretos ley supone semanas y meses, ya que una vez aprobados hay que tramitarlos en el Parlament. Es mejor disponer de presupuestos «porque clarifican, ordenan y permiten planificar a partir del 1 de enero», explica Carnicer.
De más a menos importancia
De todos modos, en política todo es relativo. Tras defender la necesidad de presupuestos, después de que el renovado líder de ERC, Oriol Junqueras, dijera que no iba a avalar las cuentas del Govern del PSC, la ‘consellera’ de Economía, Alícia Romero, quitó hierro al asunto: «No se acaba el mundo ni cae Catalunya», sentenció. Y afirmó que contará con el apoyo de ERC para un decreto que incluye 4.000 millones de euros adicionales para evitar las limitaciones de la prórroga.
Y a nivel estatal, las cosas no son más sencillas, con los equilibrios frágiles que ha de mantener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como se ha visto con las pensiones, las rebajas en el transporte público o las ayudas para paliar los efectos de la Dana.
En diciembre, el Govern de Illa aprobó la prórroga presupuestaria que, de hecho, supone funcionar con el mismo nivel de gasto que en 2023. El límite de gasto no financiero establecido para 2023 fue de 33.113 millones de euros. La cifra está muy por debajo de los 37.783 millones, que el Ejecutivo de Salvador Illa tenía previsto aprobar antes de que acabara 2024.
En todo caso estaba prevista una subida del 3% del indicador de renta de suficiencia de la ciudadanía (IRSC), hasta los 778,49 euros al mes, hasta 9.341,92 euros anuales instrumentada mediante un decreto ley que complementa el decreto de prórroga para cubrir llas necesidades financieras del ejercicio, que el Parlament ha convalidado esta semana. A su vez se incluye la «amnistía» a unas 30.000 familias de que deberían devolver cobros indebidos, pero que fueron por errores de la propia administración. No hay presupuesto, pero sí normas parciales que hay que debatir una tras otra.
La inversión en carreteras e infraestructuras es una de las mayores víctimas. Estas sufrieron varios ejercicios de parálisis con la década de prórrogas y presupuestos fuera de plazo aplicada por la Generalitat entre 2010 y 2021, la etapa del ‘procés’ y la intervención de la Generalitat por el artículo 155 de la Constitución. Este mismo viernes, Illa ha presentado un plan para que Catalunya recupere el liderazgo económico en España para movilizar 18.500 millones hasta 2030 que, en torno al 30% ha de nutrirse del presupuesto ordinario de la Generalitat.
El problema esencial en el caso de prórroga son los recursos adicionales que le corresponden a la comunidad por la financiación autonómica, que no se pierden, pero que se tienen que gestionar con menos agilidad a través del Parlament. Y eso afecta a las inversiones. De ahí el lamento de las patronales que tienen asociadas compañías contratistas de las administraciones, pero también de los sindicatos y representantes del tercer sector, que temen por la congelación de prestaciones y ayudas.
Ampliaciones y créditos extraordinarios
Ante la falta de cuentas aprobadas existen herramientas para poder gastar más a través de ampliaciones de crédito. Según los expertos, con la prórroga, el Govern puede realizar un expediente de modificación de crédito y hacerlo a través de traspasar recursos de una partida a otra, lo que se denomina transferencia de crédito. Es la vía más fácil y la que se usó durante la pandemia del covid para destinar aumentar los gastos sanitarios y sociales. Más compleja es la opción de los créditos extraordinarios o los suplementos de crédito, que aumentan el gasto y que requieren pasar por el Parlament. Los fondos europeos, en cambio, requieren la generación de crédito, que implica más gasto como consecuencia de unos mayores ingresos, pero se pueden usar a medida que van llegando.
La ley de Presupuestos de la Generalitat impiden iniciativas legislativas o administrativas que supongan un aumento del gasto público presupuestado si no se proponen, a la vez, los recursos adicionales o las reducciones proporcionales de gasto. Tampoco se pueden tramitar ampliaciones de plantilla nuevas ni otras reestructuraciones que supongan un aumento global del gasto de personal.
A nivel estatal, el aumento de los ingresos ha permitido financiar el incremento experimentado por las partidas sujetas a créditos ampliables (como pensiones y prestaciones por desempleo) o susceptibles de recibir transferencias (como el incremento de los sueldos de los empleados públicos). Y la inyección de fondos europeos, que son finalistas, ha servido para mantener un cierto nivel de inversión pública, aunque insuficiente.
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