la extensión de moratoria de desalojosincluido en la convocatoria escudo socialreabrió el debate sobre su verdadera aplicación. Si bien el objetivo del decreto es proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad y sin alternativas habitacionales, el texto sigue dejando lagunas que generan confusión, especialmente entre los propietarios.

¿Qué es la moratoria de los desahucios?

La medida se extiende hasta 31 de diciembre de 2026 suspender los desalojos para familias vulnerables que no tienen vivienda alternativa. En teoría, la prohibición se activa cuando hay contrato de alquiler y el inquilino deja de pagar por una situación económica acreditada por los servicios sociales. En estos casos, el procedimiento de desalojo puede quedar paralizado. No obstante, si el propietario demuestra que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad que el inquilino, la Administración deberá ofrecer un alojamiento alternativo. El problema es que esto podría tardar semanas o incluso meses, porque «un juez tendría que decidir después cuál de los dos es más vulnerable para poder quedarse en el domicilio», según Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma Afectados por la okupación e investigación.

¿Cuáles son las excepciones?

Uno de los puntos que más dudas genera es el que preocupa a los propietarios. con una o dos casas. En teoría, podrían llevar a cabo el desalojo incluso cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad, ya que no estarían amparados por las prórrogas del escudo social. En teoría, daría igual si los propietarios alquilaran ambas viviendas o no porque, según Bravo, «no se especifica en ninguna parte del decreto qué función debe cumplir cada una de estas viviendas, por lo que aquí se incluiría a cualquier propietario de una o dos viviendas».

¿Quién se hace cargo de las familias desalojadas?

Otra gran incógnita es la responsabilidad en caso de que finalmente se produzca el desalojo. El decreto especifica que serán servicios sociales los que son responsables de buscar una alternativa a la vivienda de emergenciapero no especifica plazos, recursos ni mecanismos reales para hacerlo efectivo. De hecho, “los servicios sociales no dan vivienda porque no existen, están colapsados ​​y no tienen recursos para atender a tantas familias vulnerables”, según Bravo.

Esta falta de claridad preocupa tanto a las familias implicadas como a los propios propietarios, que no tienen claro quién se hará cargo de la situación cuando se produzca el desalojo y no haya una solución inmediata.

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