La cuenta atrás llega a su fin para los propietarios de los vehículos más antiguos de Madrid. De 1 de eneroalgunos 300.000 coches sin etiqueta medioambiental ellos tendrán Está prohibido el tráfico en todo el territorio municipal.. Sus propietarios se enfrentan a un escenario limitado: venderlos fuera de la capital, almacenarlos sin uso o llevarlos directamente al desguace.

La Unión Europea ha obligado a los grandes municipios a implementar zonas de bajas emisiones para reducir la contaminacióny ciudades como Madrid o Barcelona han adoptado las medidas más restrictivas. En la capital, esto significa que El 15% del parque vehicular quedará fuera de circulación si no hay cambios regulatorios de última hora.

Según la normativa vigente del Ayuntamiento de Madrid, que preside J.se atrevió Luis Martínez-AlmeidaEl 1 de enero de 2026 la Zona de Bajas Emisiones se extenderá a todo el perímetro urbano. En concreto, esto significa que ningún vehículo sin etiqueta ambiental podrá circular por el territorio municipal. Estos son los autos afectados:

• Gasolina matriculada antes de enero de 2001 (3 euros)
• Diésel matriculado antes de 2006 (Euro4)

La prohibición también incluye residentes registrados en la ciudad.

Madrid 360 cierra la barrera: de la M-30 a toda la ciudad

Madrid convive desde hace años con espacios de acceso restringido como Madrid Centro y, más tarde, Madrid 360. Los coches con las etiquetas ECO y CERO recibieron beneficios, mientras que B y C ya tenían límites en las zonas más céntricas.

En 2025, los coches sin etiquetas ya no podrán circular por la M-30 ni dentro de ella. Pero el salto hasta 2026 es mucho mayor: La restricción se extiende a toda la ciudadaunque puedan seguir circulando en los municipios vecinos. Las sanciones son claras:

• multa de 200 euros (sin descontar puntos)
• Posible inmovilización y retirada del vehículo.

Un año de prórroga que no resolvió el problema

A finales de 2023, pocos días después de la entrada en vigor del reglamento, El ayuntamiento decidió retrasar un año su candidatura para dar un margen a los afectados. Sin embargo, doce meses después, la situación apenas ha cambiado: las asociaciones estiman que todavía quedan alrededor de 300.000 vehículos que ya no podrá circular desde enero.

De momento, el ayuntamiento no se ha pronunciado sobre una nueva prórroga o modificación de la ordenanza.

Un coste inasumible para muchas familias

Si estos 300.000 propietarios se vieran obligados a cambiar de coche, la factura sería gigantesca: alrededor de 9 mil millones de euros tomando como referencia un precio medio de 30.000 euros por vehículo nuevo. Del cálculo también se excluye el hecho de que un gran número de estos coches estén en buen estado y hayan pasado las inspecciones obligatorias.

Asociaciones de vecinos y colectivos de afectados piden al ayuntamiento que reconsidere la medida y permita alternativas, ayudas o un nuevo horario.

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