El gobierno ha logrado detener el peor crisis dentro de la coalición con la decisión de rescindir el contrato millonario Otorgado a una compañía israelí para suministrar municiones de la Guardia Civil. La tensión entre los socios, provocado por la violación del compromiso de no comprar o vender armas a Israel, se disipa, pero ahora hay varias preguntas, como lo que sucederá con más de 6.6 millones de euros en el que se valoró el premio y si la compañía israelí podría solicitar una compensación.

Moncloa ya ha avanzado el jueves que la defensa estatal y los ministerios competentes estaban estudiando posibles Reacciones y reclamos legales antes de la decisión de rescindir el contrato. De hecho, lo que había defendido anteriormente el interior es que no se podía retirarse porque la ley había advertido que el procesamiento del contrato era demasiado avanzado y anulado tendría que tener que tener pagar el material sin recibirlo.

Las fuentes ejecutivas, sin embargo, argumentan que con la fórmula han encontrado Ese dinero no se va a pagar. ¿Qué es esa fórmula? La declaración del jueves ya indicó que la junta de inversión de material de doble uso negará a la compañía israelí la importación del material por razones de interés general e «Inmediatamente, el Ministerio del Interior terminará el contrato». Las fuentes ahora especifican que, como No se permitirá la entrada de material En España, Interior dirá que el contrato no se cumple.

Por su parte, el segundo vicepresidente del gobierno, Yolanda Díazha defendido este viernes que la terminación del contrato es «completamente legal», aunque establece que puede haber litigios. «No corremos ningún riesgo, no hay una acción incorrecta«Sin embargo, en una entrevista con ‘RNE’ recopilada por la Agencia EFE. Dio razones legales a Marlaska cubierta de legalidad internacional para defender la terminación del contrato.

El PP va al Tribunal de Cuentas

Él Fiesta popularSin embargo, anunció este viernes que tomará el asunto antes del Tribunal de cuentas. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, se preguntó la víspera «cuánto es la terminación de ese contrato» y quién lo iba a pagar. Ahora, el «popular» critica lo que consideran una muestra de «abuso de poder» por parte del presidente del gobierno «por razones políticas y, por lo tanto, arbitrarias, en un premio ya publicado incluso en el BOE».

«¿Quién pagará la decisión de Sánchez de rescindir el contrato de interés personal?»tendrá un alto costo económico Y, dado ese pago sin tener en cuenta, nos enfrentaremos a una responsabilidad contable de deterioro de los flujos públicos Con violación de las normas presupuestarias que requieren la entrega de algo. «