QUIEN GOBIERNA EN VENEZUELA | ¿Quién manda en Venezuela? Los mensajes contradictorios sobre el poder de Trump y Delcy Rodríguez
En una Caracas atravesada por rumores, desmentidos, hipótesis incomprobables y discursos paranoicos asomó una certeza. Estados Unidos acelera los preparativos para reabrir su embajada en la capital venezolana. Según Bloomberg ya se realizan los arreglos necesarios, pero la decisión final depende de Donald Trump. La legación diplomática fue cerrada en 2019. Seis años atrás, durante el primer mandato del multimillonario, Maduro decidió romper relaciones con Washington después de que reconociese al diputado opositor Juan Guaidó como «presidente encargado». La reapertura no se relaciona con un acercamiento diplomático, sino con el escenario político derivado del secuestro de Nicolás Maduro, y la decisión del magnate republicano de encargarse casi de manera personal de los asuntos políticos y energéticos de un país que cuenta con una «presidenta encargada», Delcy Rodríguez, sustituta de Maduro, pero cuya autoridad ejecutiva es rebajada a la mínima expresión desde Washington. En un punto, si se toman las declaraciones de Trump, una embajada parecería hasta innecesaria.
[–>[–>[–>Dos Venezuelas parecen superponerse. En la tarde del miércoles, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje a los soldados que murieron en los ataques del pasado sábado. La institución militar habló de decenas de héroes que no se «doblegaron» pese al ataque norteamericano que fue ejecutado «desproporcionadamente» en su «volumen de fuego, en tecnología y precisión quirúrgica». Los rituales de Estado son acompañados por recurrentes afirmaciones de Rodríguez sobre su autonomía política respecto de EEUU. Esa misma convicción fue repetida durante una reunión que tuvo la «presidenta encargada» con el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, la coalición de fuerzas que respaldaba a Maduro. El encuentro concluyó con el compromiso de «rescatar» al mandatario preso en Nueva York, «preservar la paz» y una «defensa absoluta de la gobernabilidad y la soberanía de la República».
[–> [–>[–>Durante otra actividad institucional llamó a sanar la «herida muy profunda» que provocó un ataque «respaldado por el fascismo venezolano». Consideró que «debe existir un área de convivencia» porque «necesitamos tranquilidad económica y social» ya que «Venezuela no está en guerra, es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear«. Las impugnaciones son más conceptuales. Rodríguez se «atrevió» a señalar que el narcotráfico no era el problema sino la apetencia de EEUU por el petróleo. Lo mismo dijo en la noche del miércoles Diosdado Cabello, hasta el sábado pasado el número dos del madurismo.
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Las palabras y los hechos
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La «presidenta encargada» se cuida de poner en entredicho a un Trump que no hace más que descalificar su papel institucional, al punto de asignarle el rango de «colaboradora» que debe acatar las disposiciones de la Casa Blanca. Con un tono de fuerza de ocupación, Trump dijo que Venezuela utilizará los fondos obtenidos a través de un nuevo acuerdo petrolero para adquirir exclusivamente productos fabricados en EEUU. Esas compras abarcarán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos destinados a la mejora de la infraestructura. Semejante anuncio no hace más que demoler las alianzas de Caracas con China y Rusia. Sin embargo, no encontró por ahora una respuesta desde el Palacio de Miraflores. Previamente, la estatal PDVSA había anunciado el comienzo de las «conversaciones» para vender grandes volúmenes de crudo a Estados Unidos bajo esquemas comerciales similares a los acuerdos vigentes con empresas internacionales como Chevron. La versión de Trump sobre ese anuncio es mucho más brutal. El «acuerdo energético» supone la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo crudo al país atacante.
[–>[–>[–>El papel de Rodríguez y la FABB fue deliberadamente minimizado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuando hizo mención a los alineamientos de una estrategia basada en tres pilares. El primero, la estabilización política, para que el país no se sumerja en el caos. Washington se propone además ejercer un «tremendo apalancamiento» sobre la industria petrolera venezolana. Quiere a su vez ser el «garante» de las empresas norteamericanas y de otros países occidentales para que tengan un «acceso justo» al mercado venezolano. También se propone promover un proceso de reconciliación nacional, que incluye amnistías para fuerzas opositoras, liberación de presos políticos y repatriación de exiliados. La Asamblea Nacional (AN) comenzó a ser caja de resonancia de esas aspiraciones que ponen en un brete a su principal autoridad, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, quien había instado al «diálogo» con los adversarios para trabajar «hombro con hombro». Según la representación de Fuerza Vecinal se ha abierto la posibilidad de «legislar de manera inmediata» en la dirección trazada por Rubio. «Esa acción sería una señal clara de voluntad de reconciliación nacional y un primer paso concreto para avanzar hacia la convivencia democrática». El artículo 187 de la Carta Magna redactada durante los años de Hugo Chávez le asigna al poder legislativo la potestad para decretar amnistías.
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La última fase delineada por el secretario de Estado apunta a generar las condiciones para una transición tutelada. «Obviamente, en este momento tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y tampoco encontró respuesta desde Caracas.
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[–>La huelga general que nunca sucedió
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La asimetría entre los discursos que provienen de Washington y los que salen del Palacio de Miraflores es abismal. Estados Unidos dice que controla la situación. El Gobierno mide sus palabras pudorosamente. Poco antes de ser llevado en un helicóptero, Maduro había sido el orador principal de la Comisión Promotora de la Constituyente de la Clase Obrera. Ante cualquier «agresión» externa, el entonces presidente en ejercicio sostuvo que había que responder con una «huelga general insurreccional revolucionaria». Los trabajadores eran el «mayor escudo» de la nación y su movilización, sostuvo Maduro, detendría cualquier actividad en el país, forzando a un proceso aún más radical. «No se movería un alfiler», predijo. La vida en Caracas no da señales de un levantamiento sino una pasmosa aceptación de los hechos, al menos hasta ahora.
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