¿Quién, y cuánto trabaja? – José T. Raga
Obsérvese que el comienzo especialmente interrogativo de estas líneas no pretende en modo alguno provocar, sino intentar aproximarse a un problema lacerante de la economía española que, genéricamente identificado con un modo de ausentismo con causano crea sentimiento de culpa en quienes lo practican
No se trata de denunciar, ni siquiera de descubrir que entre quienes se consideran humanamente irreprochables, muchos considerarán que trabajan simplemente por su presencia en su lugar de trabajo.
Es cierto que estos últimos están presentes mientras otros no van a trabajar, por un motivo u otro: algunos, por conocida conciliación familiar; otros, de baja laboral, que se repite con frecuencia; otros tendrán un acuerdo(?) al teletrabajo, garantizando que en remoto se desempeñen con la misma eficacia, si no mayor, que de forma presencial…
Algo está pasando en la actitud del trabajador/empleado y su compromiso con la eficiencia de su actividad laboral. Recuerde que la razón por la que la productividad por trabajador ha disminuido durante el año 2025 sólo puede deberse a la disminución de las horas reales de trabajo efectiva, ya que la productividad por hora, en el mismo año, ha aumentado.
Y lo que comentamos no puede considerarse un tema menor, ya que ha merecido la rigurosa atención de la Airef, como una de las conclusiones de la segunda fase del Revisión de gastoslo que destaca que la incidencia de las bajas por Incapacidad Temporal (IT) entre 2017 y 2024 ha crecido un 60%, y que, además, la duración de dichas bajas, por este motivo, ha crecido un 15%, provocando que el gasto por estas prácticas se haya triplicado en diez años.
El motivo de que esto sea así, para la Airef, no plantea muchas alternativas. No limita ni mitiga su juicio al considerar que el culpable de tales despropósitos no es otro que la «deficiencia estructural» de la gestión de los expedientes de Incapacidad Temporal.
Sería milagroso que no fuera así, en un esquema de separación –a veces desconocimiento, incluso desprecio ignorado– de tareas e intereses entre quienes intervienen en el proceso: por un lado, los profesionales médicos, que facultativamente reconocen la enfermedad y, en su caso, conceden bajas laborales, y por otro, la Seguridad Social, que está llamada a financiar su coste.
Además, y sin pretender echar más leña al fuego, los instrumentos de supervisión para detectar prácticas abusivas o fraudulentas entre los participantes resultan ineficaces –quizás tediosamente insuficientes– o, en el extremo, incluso fraudulentos, debido a la evasión de responsabilidades públicas.
Finalmente, si no fuera por la ética del comportamiento público/privado de quienes intervienen, pero al menos por la capacidad de financiación de la Seguridad Social, hay que saber que las bajas médicas en 2024 alcanzaron un importe de 16.500 millones de euros, sin considerar los efectos en la economía de las empresas. Lo que supone que en los diez años (2014-2024), el gasto en Incapacidad Temporal ha crecido un 200%.
¿Podemos soportar la pérdida de producción, además de este coste monetario público, debido a un control informático insuficiente?
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