la plataforma hasta el techo de Canarias denunció la existencia de un nuevo orden de expulsión de la casa de una familia de seis hijos que residen en Espírituun municipio de Gran Canaria.

Como informa el abogado de la plataforma, Isabel SaavedraEn la agencia EFE, el juez considera que la familia no es vulnerable porque el padre obras y tiene un salario. Sin embargo, el abogado cuestionó este criterio recordando que en Canarias, «con los precios disparados», un salario mínimo no es suficiente para pagar A alquilar de 800, 900 o 1.000 euros y “alimentar a sus seis hijos”, de entre 3 y 14 años.

La familia recibe un salario mínimo.

Según el abogado de la plataforma, el padre, Moisés Macíaspercibir un salario mínimo como reabastecimiento. Aceptó este puesto después de dimitir del icapacidad absoluta capaz de trabajar, lo que la reduce a una incapacidad total.

La familia iba a ser deportada el 9 de septiembre, pero el desalojo fue suspendido porque el tribunal no había resuelto un recurso presentado por la abogada, en el que solicitaba que se reconociera su vulnerabilidad.

El tribunal rechazó este recurso y pospuso el lanzamiento hasta el próximo jueves.

Como se explica Moisés Macías En septiembre compró la casa a 2006 y pagó el hipoteca durante 14 años. Unos meses antes de la pandemia de COVID-19, la esposa de Moisés perdió su trabajo y le resultó muy difícil encontrar otro con las restricciones sanitarias del momento.

El banco pide el 86% de lo que pagó por la casa en ese momento

Con ingresos limitados a uno pensión de invalidez ya uno limosnala pareja se detuvo pagar él préstamo hipotecario. Ahora que ambos tienen trabajo y capacidad para pagar su deuda, el fondo que compró su deuda pide el 86% del precio que pagaron por su casa hace casi dos décadas, sin reducir los pagos mensuales que pagaron durante 14 años.

De momento, el abogado de la organización ha presentado un nuevo recurso con la esperanza de que se vuelva a suspender el desalojo si no se resuelve antes de la fecha prevista.

Los niños podrían ser trasladados a un centro juvenil

Asimismo, el abogado mostró preocupado ya que, si la familia es expulsada, la niños podría ser transferido siempre centro juvenil.

Según aseguró Saavedra a Radio Televisión Canaria, ven «una situación que va mucho más allá del derecho a la vivienda, es una problemas socialesAdemás, asegura que son “las administraciones públicas las que deben buscar y conseguir que todo esto, de una forma u otra, se pueda corregir”.

Asimismo, dijo a los medios que en la isla «un trabajador no puede acceder a los precios de alquiler por el problema de turismo«.

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