Trabajar con la familia puede convertirse en un arma de doble filo cuando surgen problemas personales. cruz el límite profesional. Esto es exactamente lo que ocurrió en una lavandería industrial andaluza, donde un directivo decidió iniciar una campaña de acoso y demolición contra la propia empresa tras un desacuerdo entre la dirección y su hijo (que también formaba parte de la plantilla).

Todo empezó a finales de julio, cuando la dirección llamó la atención al joven por su falta de actitud y Uso excesivo del teléfono móvil. Al enterarse de la amonestación, el padre acudió al lugar de trabajo durante su día libre para pidiendo explicaciones a gritos, desatando su ira contra el resto de los empleados presentes. En un ataque de furia, comenzó a insultar a varios subordinados, llamándolos gente perezosa, soplones y entrometidos, acusándolos de ser los culpables de las tensiones internas.

Una declaración de guerra interna

Lejos de calmarse con el paso de los días, la situación fue escalando hasta convertirse en sabotaje. premeditado. Todo se precipitó cuando, tras realizarse un proceso judicial por un altercado que había provocado su hijo durante su jornada laboral, el protagonista se dirigió a sus compañeros para advertirles formalmente que «una guerra interna acaba de comenzar«contra los empresarios.

Fiel a su amenaza, al día siguiente aprovechó su puesto de responsabilidad para detener la producción en plena temporada alta de verano. Su actuación más grave consistió en rechazar conscientemente a los proveedores de gas butano, ordenándoles que abandonaran las instalaciones. sin combustible necesario para operar.

A partir de ese momento, el trabajador abandono cumplió íntegramente sus obligaciones de supervisión y logísticas, provocando graves retrasos en las entregas a los clientes. Semanas después de iniciar este boicot, su mujer (también empleada de la empresa) y su hijo terminaron dejando definitivamente la empresay apenas seis días después, la empresa también procedió al despido disciplinario del encargado.

Sin embargo, el exempleado decidió llevar el caso a los tribunales exigiendo la anulación de su despido y una indemnización de dieciocho mil euros por daño moral. Su principal argumento jurídico fue ignora tus propios errores antes de centrarse en un supuesto discriminaciónalegando que la decisión de la empresa no fue una respuesta a su comportamiento, sino más bien una represalia directa por sus vínculos familiares con los otros dos familiares que acababan de ser secciones de la plantilla.

El veredicto de los tribunales

La resolución final del conflicto ha quedado reflejada en la sentencia STSJ Y 6368/2026, donde el Tribunal Superior de Justicia ha desmontado por completo la versión del demandante.

Los magistrados determinan que el castigo fue totalmente proporcionóya que la empresa logró acreditar fehacientemente los insultos, amenazas y boicot activo a la producción. La sentencia judicial concluye que la expulsión estuvo motivada única y exclusivamente por las infracciones graves cometidas por el responsable (como abuso de confianza y transgresión del derecho). buena fe contractual), desvinculando la decisión de cualquier tipo de discriminación por razón de parentesco, que exime a la entidad del pago de la cuantiosa indemnización reclamada.