Hay una generación en España que no pide privilegios. Pides algo mucho más sencillo y, a la vez, mucho más exigente: poder trabajar, progresar y construir tu propio proyecto de vida sin que el sistema te ponga obstáculos constantes. Los jóvenes no quieren discursos vacíos ni promesas que se evaporen tras cada ciclo electoral. Quieren reglas claras, oportunidades reales y un entorno donde el esfuerzo sea recompensado.

Desde hace años está asentada la idea de que la solución a los problemas de la juventud pasa por ampliar las subvenciones, crear nuevas ayudas o diseñar transferencias específicas. Sin embargo, muchos jóvenes perciben que estas medidas, si bien pueden aliviar situaciones específicas, no resuelven el problema estructural: la dificultad para acceder a empleos estables, salarios competitivos y trayectorias profesionales ascendentes.

La pregunta subyacente no es cuánto se distribuye, sino cuánto se crea. Y para crear más riqueza es esencial transformar el marco económico en el que operan las empresas y los trabajadores. España necesita reformas profundas que permitan a los jóvenes desarrollar su talento sin quedar atrapados en un sistema que penaliza la iniciativa y premia la dependencia.

El primer ámbito ineludible es el mercado laboral. La dualidad entre los contratos temporales -que es lo que son la mayoría de los contratos indefinidos-discontinuos- y los indefinidos, la elevada carga regulatoria y los costes asociados a la contratación siguen siendo un freno a la incorporación estable de los jóvenes al empleo. Una reforma que simplifique y flexibilice la contratación, reduzca la inseguridad jurídica y favorezca la creación de empleo de alto valor añadido sería un paso decisivo para ofrecer una estabilidad real.

En segundo lugar, los impuestos. Los jóvenes que inician sus carreras profesionales se enfrentan a cotizaciones e impuestos que reducen significativamente su renta disponible. Si queremos que puedan ahorrar, iniciar un negocio o formar una familia, es fundamental aliviar esa carga. Los impuestos más bajos sobre el trabajo y el emprendimiento no son una concesión ideológica: son una condición para que el esfuerzo individual tenga sentido económico, aplicable tanto a los jóvenes como a toda la población, que vive asfixiada por impuestos cuasi confiscatorios.

También hay que revisar el gasto público. No se trata de debilitar servicios esenciales, sino de priorizar, eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia priorizando inversiones y eliminando gastos innecesarios. Cada euro gastado sin criterios es un euro

que no pueden utilizarse para reducir deuda, bajar impuestos o invertir en infraestructura productiva. Una administración más ligera y eficaz no es un fin en sí mismo, sino más bien un instrumento para liberar recursos para impulsar la actividad económica.

Otro pilar fundamental es la eliminación de barreras al emprendimiento. Licencias, trámites, regulaciones dispersas y requisitos innecesarios desalientan a quienes quieren crear su propio negocio. Muchos jóvenes tienen ideas, formación y ambiciones, pero se topan con un marco burocrático que consume tiempo y capital. Simplificar procesos y digitalizar la administración no es un lujo: es una necesidad competitiva.

La vivienda constituye otro desafío estructural. La falta de suministro, la rigidez regulatoria y los elevados costes de construcción dificultan el acceso a la emancipación. Incrementar la oferta mediante reformas urbanísticas, agilizar las licencias y fomentar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler son las medidas más eficaces, no el error de los controles de precios, que reducen aún más la disponibilidad de vivienda, ni la vivienda pública, que acaba siendo, en muchos casos, una redistribución infinita de la renta.

Además, España necesita una apuesta decidida por la estabilidad regulatoria. La inversión, tanto nacional como extranjera, huye de entornos impredecibles. Sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empleo de calidad. Las reformas deben enviar una señal clara: normas estables, respeto de los contratos y seguridad jurídica.

Los jóvenes no aspiran a vivir de las ayudas. Aspiran a desarrollar una carrera, mejorar sus calificaciones y ver cómo su productividad se traduce en mejores ingresos. Quieren competir en igualdad de condiciones y que el sistema no les penalice por intentar progresar. Saben que la prosperidad sostenible no nace de decretos temporales, sino de marcos institucionales sólidos.

Los subsidios prometedores pueden generar titulares inmediatos, pero no construyen un país vibrante. Prometer y ejecutar reformas profundas implica asumir costos políticos y enfrentar inercias consolidadas. No se trata sólo de lanzar proclamas que suenen bien, sino de gestionar bien esas reformas. Es precisamente ese tipo de liderazgo el que exige una generación exigente.

España tiene suficiente talento, creatividad y capacidad empresarial para ofrecer un horizonte atractivo a sus jóvenes. Lo que falta es un entorno que no obstaculice ese potencial. Impuestos bajos, gasto público limitado y eficiente, mercados más flexibles y reformas estructurales coherentes no son lemas abstractos: son herramientas concretas para ampliar las oportunidades.

La esperanza de una generación no puede basarse en la expectativa de una transferencia periódica. Debe estar respaldado por la confianza de que si estudian, trabajan y asumen riesgos, podrán prosperar por sí mismos. Ésa es la promesa que merece la juventud española: no dependencia, sino la posibilidad real de construir su propio futuro.