“Reparar a las familias, depurar responsabilidades y una respuesta política contundente”
La dirección de Izquierda Unida considera prioritario e ineludible «reparar a las familias y depurar responsabilidades» por el grave accidente minero de Cerredo y por la gestión del servicio de Minas hasta marzo de 2025, y reclama del Principado «una respuesta política contundente». Esa es la columna vertebral del documento que Ovidio Zapico, coordinador de IU y consejero del Principado, presenta a la Comisión Colegiada, máximo órgano del partido, para su votación el próximo miércoles.
[–>[–>[–>IU parte de una posición nítida y totalmente diferente a la expresada por los socialistas, lo que quiebra la interpretación en el Gobierno de lo que sucedió en Cerredo. Para IU, la administración sí tiene que asumir responsabilidades políticas y económicas por sus fallos de control.
[–> [–>[–>Para la dirección de la coalición no hay medias tintas tras la lectura del informe realizado por la Inspección General de Servicios. «Cerredo aparece así no solo como una tragedia concreta, sino como el lugar en que convergen, de la forma más dramática, varias graves anomalías previas del sistema», sostiene el documento, que ya ha sido remitido a los integrantes de la colegiada.
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Base para la responsabilidad patrimonial de la administración
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PSOE e IU acordaron ayer en el Ejecutivo establecer ayudas a las víctimas de accidentes laborales, pese al rechazo inicial de los socialistas a conceder anticipos en el «caso Cerredo». Pero IU va más allá de esas ayudas. La coalición considera que existe base suficiente para que exista en el siniestro de Degaña una responsabilidad patrimonial del Principado. Sostiene que, a la luz del informe de inspección, los fallos del servicio de Minas contribuyeron de forma jurídica relevante al marco que impidió detectar y evitar la actividad ilegal que desarrollaba en Cerredo la empresa Blue Solving. «El funcionamiento anormal del servicio coadyuvó al resultado dañoso», establece.
[–>[–>[–>Por ello, al margen de ayudas, la coalición exige una respuesta rápida para evitar que las familias deban acudir a un largo proceso en los tribunales, ya que «el Principado no puede en ningún caso atrincherarse frente a las víctimas». IU propone abrir de inmediato un canal institucional con las familias, tramitar de forma preferente la reclamación patrimonial que ya ha sido solicitada por las víctimas y dejar clara una voluntad de evitar un contencioso prolongado. Más aún, introduce explícitamente la posibilidad de utilizar mecanismos legales para cerrar indemnizaciones, mediante acuerdos extrajudiciales.
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El mal funcionamiento hizo «posible» el accidente
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El fundamento que conduce al socio del PSOE a llegar a conclusiones opuestas a las de los socialistas está en el propio informe que el presidente Adrián Barbón encargó a la Inspección General de Servicios. Su lectura lleva a IU a concluir que existió un sistema administrativo debilitado, con carencias normativas, reducción de medios y déficits organizativos que afectaron a la capacidad de control. «El mal funcionamiento estructural del servicio de Minas se configura como condición de posibilidad que da lugar al accidente», dice.
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[–>La posición que votará la colegiada de IU subraya las debilidades administrativas que refiere el informe interno de la Administración. La coalición cree que existe una insuficiencia normativa que genera inseguridad jurídica y amplia discrecionalidad; además, se produjo una reducción de personal técnico en un momento de alta complejidad administrativa, y se detectaron problemas en los sistemas de información, con registros desactualizados, falta de herramientas cartográficas adecuadas y deficiencias en expedientes como la transmisión de derechos mineros, al no acreditarse de forma suficiente la solvencia de las empresas.
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Crítica al modelo de inspección y a los PIC.
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No ahorra IU críticas al modelo de actividad inspectora, cuestionando el sistema de aviso previo en las visitas, y señalando como deficiencias en los expedientes o el tratamiento de las denuncias. Constata el socio de gobierno de los socialistas «una inspección minera sin planificación formal», con «visitas concertadas previamente» y con un modelo de gestión de la información «mal ordenado».
[–>[–>[–>Para IU, además, la figura de los proyectos de investigación complementaria (PIC) constituye «el aspecto más sensible desde el punto de vista político», al «carecer de regulación normativa sustantiva y procedimental». Y critica que, además, terminasen convirtiéndose en un marco legal para extraer carbón, restándole obligaciones propias de un proyecto de explotación.
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Los fallos redujeron la capacidad de control
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Los reproches de gestión se refieren al ámbito global del servicio de Minas, pero concretamente en el caso del accidente de Cerredo, IU considera que las deficiencias en autorizaciones, la falta de reacción ante indicios relevantes de extracción, o que incluso no saltaran alarmas cuando la empresa Blue Solving comunicó un contrato con otra firma del mismo entramado para sacar carbón, refuerzan la gravedad de las disfunciones que redujeron la capacidad de la Administración para interrumpir a tiempo una situación de riesgo.
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«Cerredo no revela solo un incumplimiento empresarial, sino también fallos administrativos muy graves en la función de control», recalca la propuesta que llevará al máximo órgano de IU Ovidio Zapico.
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«La responsabilidad política existe»
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Por todo ello, IU asegura que «la responsabilidad política existe, aunque no se acredite participación directa en cada expediente», y que «no debe diluirse en una abstracta culpa del sistema». Cree ineludible exigir que se asuman errores «por parte de todos los altos cargos vinculados al Servicio de Minas» entre enero de 2022 y marzo de 2025, «incluyendo directores generales de minas, consejeras, consejeros y viceconsejeros». Sin citarlos nominalmente, IU exige responsabilidad política no solo a Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí e Isaac Pola, sino también a Mauro Rodríguez, que fue director de Minas en el corto periodo que Belarmina Díaz fue consejera.
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Esa asunción de errores debe conllevar, exige IU, la «dimisión o cese de cualquier cargo político que ahora mismo ocupen». «Su responsabilidad política en este asunto les impide seguir en la vida pública», recalca. La coalición recalca que hay argumentos para iniciar informaciones internas para evaluar el papel de funcionarios y, si acaso, tomar medidas disciplinarias, pero es contraria a un señalamiento en el mismo marco que a los cargos políticos.
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El «compadreo» del alcalde de Degaña y el empresario minero
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IU no se queda en el Principado. No considera creíble que el Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, «tuviera desconocimiento total» de la extracción de carbón en Asturias. Pero también señala directamente la responsabilidad administrativa del Ayuntamiento de Degaña y personal del Alcalde, el socialista Óscar Ancares.
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IU recalca que el Ayuntamiento de Degaña tenía competencias en licencias y tributos que no ejerció. Y que el gobierno de Degaña y su alcalde «sí tenían que saber» que se realizaba actividad minera en Cerredo. Más aún, IU considera muy grave la «connivencia acreditada entre el Alcalde y el principal empresario minero (en referencia a Chus Mirantes)», puesta de manifiesto en la comparecencia parlamentaria de Ancares.
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«Ese compadreo, unido a la sospechosa desidia del ayuntamiento genera la apariencia de una inaceptable complicidad entre el alcalde de Degaña y el responsable directo de un accidente en el que murieron cinco mineros». IU pide además una investigación judicial sobre esas relaciones y destaca que esa «actitud colusiva» debería «avergonzar al partido político en el que milita el alcalde y llevarle a su inmediata dimisión».
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La formación acompaña este planteamiento con una serie de propuestas orientadas a evitar que se reproduzcan situaciones similares. El documento recuerda que además del accidente de marzo en Cerredo, hubo un precedente en 2022 en la misma explotación, y que el accidente mortal posterior de Vega de Rengos se hizo bajo la autorización de un PIC, ahora cuestionado.
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