Salud reclamará por daños y perjuicios a la UTE de Cabueñes y vaticina una batalla legal con las constructoras
La fallida ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes terminará casi con seguridad en una batalla legal. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, señaló esta mañana que este escenario es “probable”, porque las constructoras “tienen derecho a establecer medidas legales”, pero su equipo, adelanta, también. Y lo hará. «La administración tiene que ir a daños y perjuicios. Porque nosotros nos sentimos perjudicados: hemos perdido un tiempo”, aseguró la responsable sanitaria, que intervino esta mañana en el Consejo Social convocado de urgencia por el Ayuntamiento tras la nefasta noticia para la ciudad de que se aleja en el tiempo la posibilidad de disponer de un gran hospital renovado.
En su intervención Saavedra anunció, también, haber viajado esta misma mañana a Madrid para tramitar ya el encargo de la redacción del nuevo proyecto. Y en ese proyecto, además de incluir la parte de la obra no ejecutada, se abre de nuevo a una idea que lleva sonando meses: que el nuevo hospital tenga una planta psiquiátrica, un servicio que en Gijón se ofrece solo en el Hospital de Jove.
Saavedra reconoció la necesidad de “trabajar con los recursos de salud mental”, que podrían concretarse con soluciones dentro del propio complejo hospitalario. De esa solución dependerá si finalmente el hospital de día infanto-juvenil termina o no en el centro de especialidades de Pumarín, un recurso que, en cualquier caso, también se quiere revisar para que el futuro traslado a este espacio del centro de salud de Perchera no sufra más retrasos de los que ya sufre la obra de ampliación.
Las entidades representadas en el Consejo, por su parte, tildaron como “tomadura de pelo” la parálisis de una obra que comenzó a anunciarse hace diez años.
Saavedra insistió en que rescindir el contrato era “inevitable” porque la UTE (de Los Álamos y FCC) pedía un incremento de 44 millones de euros respecto al presupuesto inicial y porque la obra no estaba avanzado al ritmo pactado. Las entidades consideraron que “con supervisión” por parte del Principado esos retrasos deberían haberse evitado, pero la consejera aseguró que “sí hubo controles” y que su equipo tiene “muchos informes” que acreditan los errores que achaca a la UTE.
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